Esta es una nota de opinión para reflexionar en relación al fallecimiento de Isabella del Milagro, una noticia que impacta a Costa Rica no solo por voz de una madre para salvar la vida de su hija ante lo que percibe como una inacción del personal medico, sino también a la deshumanización del gerente del centro medico donde llama a la niña como «producto», una frase que la comunidad proaborto y mal llamados progres han venido impulsando.
Si el caso de Isabella fue negligencia o asesinato, será algo que tendrán que esclarecer las autoridades, y contemplar que la niña pasó cerca de 12 horas sin el soporte vital necesario para poder sobrevivir, según lo denunció la madre de la niña.
En la ya no tan tranquila Costa Rica, observamos el resultado del silencio de una sociedad que parece indiferente al cambio cultural financiado al que está siendo sometida. Campañas aparentemente inofensivas revelan, al analizarlas de cerca, lo que podrían se verdaderas apologías del delito.
Ideologías continúan siendo respaldadas económicamente, perturbando el razonamiento social y deshumanizando el sufrimiento ante la pérdida de vidas en condiciones denigrantes. Este acto, que incluso en situaciones de guerra se considera un delito, es equivalente a tortura.
Surgen preguntas inevitables: ¿Quiénes financian las campañas pro muerte y anti-familia? ¿Estamos siendo testigos de una intromisión financiera internacional en asuntos internos, o se trata de una mafia organizada internacional que promueve la muerte y la destrucción de la institución familiar? ¿Quién está realmente detrás de todo esto?
La negligencia se hizo evidente durante la pandemia, cuando las mujeres embarazadas no fueron informadas de que ciertas sustancias eran abortivas. ¿Quién firma contratos que logran silenciar los derechos humanos universales? Deberíamos preocuparnos por la existencia de delitos tanto por acción como por inacción.
No se trata solo de la muerte de una niña; es crucial analizar por qué se llega a normalizar como enfermedades aquello que el grupo Bicentenario alertó desde el inicio como consecuencias del estabilizador cardíaco de ciertas sustancias. ¿No es esto un delito? ¿No hay crímenes de lesa humanidad? ¿Qué está sucediendo realmente?
El problema se agrava al considerar que muchas de estas ideologías podrían estar infiltrándose en las instituciones educativas. Esto tiene dos efectos preocupantes: la eliminación de contrapesos sociales, ya que los nuevos profesionales pueden no detectar ni reaccionar ante actos ilógicos (como lo vimos durante la pandemia), y la actuación de profesionales que descuidan protocolos o carecen de razonamiento crítico ante situaciones críticas.
Existe un peligro real en aquellos que simplemente siguen órdenes, ya que el principio fundamental de la ciencia es cuestionar. Este principio permitió identificar patrones no alineados con la línea de la OMS durante la pandemia, revelando la importancia de cuestionar para un progreso informado.
En resumen, la ausencia de debate es la presencia de corrupción, y las ideologías financiadas buscan primero la censura, la ausencia de debate o un debate teatral que evite confrontaciones con aquellos que cuestionan.
La ciudadanía debe organizarse para analizar el comportamiento de los funcionarios públicos, identificar delitos de lesa patria y traición a la patria, y establecer consecuencias para estos delincuentes. Este llamado a la acción se refleja en la propuesta presentada en www.pazcr.com.
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