Un 83% de los prestamos del BCIE fueron a parar a manos de los empresarios del caso cochinilla, uno de los pocos sectores que no se paralizó por las restricciones sanitarias. Ahora no se puede garantizar la protección de los recursos solicitados en el FMI, lo que los costarricenses tendrán que pagar mediante impuestos donde se aumentaría el costo de la vida de todos los habitantes del territorio nacional.