En un conversatorio organizado por el Frente Nacional por la Vida y apoyada por el Movimiento Patriótico Soberanía se destacó que la narrativa impulsada por el lobby abortista en el Caso Beatriz, en El Salvador, pondrá a prueba la ética de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica.
El Frente Nacional por la Vida es una Federación de más de 40 grupos cívicos, diferentes sectores y personas de la sociedad costarricense que estan interesados en defender la vida humana desde la concepción y hasta la muerte natural.
La CIDH responde a la Organización de Estados Americanos (OEA); sin embargo, ha recibido financiamiento de organizaciones de otro continente para impulsar transformaciones culturales en la región, tal como lo denunció tiempo atrás el politólogo argentino Agustín Laje en una conferencia presentada en Costa Rica.
La invitación a visitar el sitio web https://casobeatriz.org/ donde se explica como quieren legalizar el aborto con un caso falso. Les invita a firmar en apoyo a la lucha por la vida.
El caso Beatriz, utilizado por el lobby que promueve el aborto, podría haber intentado inducir al error a la CIDH, según denuncia el Movimiento Patriótico Soberanía. Aseguran que la historia es muy diferente a la narrativa pública, y que utilizar una historia como esta es una muestra de la falta de fundamentos reales para tales intentos de legalizar ideologías que evitan el debate público. Además, señalan que estas ideologías carecen de respaldo científico, lo que las convierte en lo que describen como una «ideología prepagada».
En otras palabras, organizaciones con intereses comerciales, como la industria farmacéutica, podrían verse beneficiadas si se legaliza el aborto, dado el consumo de productos y fármacos asociados a dichos procedimientos. Estas organizaciones, según la denuncia, financian a líderes de estos grupos para convencer a otros de que se comete una injusticia y de que es necesario cambiar la ley.
En la rueda de prensa, que marcó el inicio de una campaña por la vida, representantes de la Iglesia Católica y Evangélica se sumaron a la oposición contra el impulso de estas ideologías. Esperan que otros sectores también rompan el silencio ante lo que podría ser un caso fabricado, el cual pondría a prueba no solo la ética de la CIDH, sino también su vulnerabilidad ante posibles manipulaciones e incluso conflictos de intereses con sus financiadores, quienes, según afirman, son los mismos que apoyan a los grupos proaborto.
Cortos de la Rueda de prensa (Ver Conferencia completa mas abajo).
El presbítero Sergio Valverde, en representación de la Conferencia Episcopal y en defensa de la vida, alza su voz en nombre de quienes no pueden clamar desde el vientre por su derecho fundamental a nacer. Debemos recordar que Sergio ha sido el promotor de las «Obras del Espiritu Santo», quien lucha por apoyar a la niñes costarricense menos favorecida, con una diversidad de obras como el mismo lo narra en su exposición.
El caso Beatriz fue explicado por un médico Claudio Slom, quien detalló la situación del feto en gestación y señaló que la madre, quien padecía de lupus, tuvo la oportunidad de nombrar a su hija. Además, la mujer falleció cuatro años después en un accidente de tránsito, por lo que el aborto no habría cambiado el desenlace de su vida.
No obstante, el caso fue utilizado para inducir al error a la CIDH, y una sentencia a favor del lobby abortista sería una muestra de la manipulación a la que podría estar sometida la Comisión, así como de su capacidad para investigar y analizar adecuadamente las denuncias que se le presentan.
El licenciado Raul Escalante, representante de la «Alianza Evangelica» y de «Juristas Por La Vida», explica como se ha llegado a la CIDH con un caso como el de Beatriz de El Salvador, explica que aunque Costa Rica no esta vinculado al Caso Beatriz, su resultado si podría generar jurisprudencia para el continente, viendose Costa Rica tambien sujeta a futuros casos.
La Licenciada Natalia Jimenez, Relaciones Internacionales hace referencia a que la practica de escoger quien tiene derecho a la vida y quien no, son practicas que vienen del pasado, la necro política del aborto, o como es conocido, el negocio de la muerte que se genera a traves de los lobbies financiados por las mismas empresas que se ven beneficiadas. Un caso como este puede simplemente responder a una agenda global.
Shirley Díaz, del Frente Nacional por la Vida, hace un señalamiento de como se intenta reiteradamente atentar contra la vida del no nacido, sin garantizar calidad de vida para la madre, donde se busca incluir la norma técnica como un intento sin fundamentos de legalizar el aborto.
Asimismo, se invitó a una caminata «1K por la Vida» en el Boulebar Los Yoses, el próximo 10 de noviembre, con vestimenta blanca, para hacer un llamado a la población costarricense a involucrarse en contra de lo que consideran una amenaza para la vida de las mujeres jóvenes que, siendo adolescentes, podrían ser inducidas a embarazos no deseados, lo que pondría en riesgo sus vidas durante los tratamientos. Solo la industria farmacéutica, afirman, se beneficiaría de esta situación.
En la rueda de prensa completa encontrará mas detalles, no solo de las referencias historicas, sino del señalamiento de como se pretende utilizar a grupos sociales para inducirlos a luchas que solo benefician a cierta industra, la misma que financia a la CIDH y que financia a los grupos pro aborto, esto podría dejar en descubierto si el actuar de este tribunal se puede facilmente influenciar e incluso, verse involucrado en conflictos de intereses.
Conferencia Completa
Reflexión de Nuestro Medio
Esta realidad es una muestra de la falta de educación en valores que enfrenta nuestra sociedad. La promoción de ideologías sin debate y sin respaldo científico, apoyadas por millonarios financiamientos, demuestra cómo actores que incluso pueden provenir del crimen organizado podrían inyectar dinero para generar inestabilidad en las democracias.
Finalmente, subrayo que la investigación de estos financiamientos debe llevarse a cabo, especialmente cuando se utilizan terceros para interferir en asuntos internos de un país y generar conflictos sociales que podrían considerarse prácticas propias del crimen organizado. Esto demuestra la vulnerabilidad jurídica de muchos países y el analfabetismo político que afecta a la ciudadanía, la cual puede ser manipulada sin detectar qué funcionarios públicos cometen prevaricato al permitir el avance de proyectos de ley que van en contra de los derechos humanos universales.
