Un informe de la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José confirma irregularidades en la contratación de obras de infraestructura en al menos once proyectos así lo expuso el auditor Israel Barrantes Sánchez, Auditor del Ayuntamiento a los diputados de la Comisión Especial que investiga el caso CONAVI.
Barrantes Sánchez, explicó que la investigación se hizo a solicitud de la alcaldía y ante consultas del diputado Enrique Sánchez Carballo resaltó que se detectaron subejecusión presupuestaria de obra pública que apenas alcanza el 20 por ciento, perdida de expedientes entre otras cosas. Manifiesta que van a testimoniar piezas al Ministerio Público, al detectar varios delitos.
El funcionario expresó que hallazgos recurrentes fueron detectados en el año 2008 antes de asumir su cargo por lo que se han presentado informes y las respectivas denuncias ante revisiones confirmando actos similares.
El Auditor manifestó que no tenían conocimiento de que existieran irregularidades en el procedimiento de contratación de obras publica antes de la solicitud del Concejo Municipal para realizar el informe de auditoría.
Otra de las anomalías detectadas en la investigación se encuentran facturas realizadas ante de la orden de compra lo que llamó la atención de los diputados por la falta de aplicación de procedimientos para asegurar cumplimiento de la entrega de productos o servicios contratados.
El diputado Pablo Heriberto Abarca Mora consultó sobre las acciones que van a realizar ante los hallazgos del informe de la auditoria Barrantes Sánchez explicó que se dirigieron diez recomendaciones para mejorar el proceso de control interno
La diputada Franggi Nicolás Solano resaltó algunos señalamientos que contiene el informe de auditoría los cuales calificó de alarmantes entre los que se encuentra que no se cumplía con los procedimientos básicos de la Ley de Contratación Administrativa.
El legislador José María Villalta Florez-Estrada consultó sobre las supuestas negociaciones directas entre el Alcalde Johnny Araya y el dueño de la empresa MECO y la existencia de una estructura “criminal”.