La Seccional ANEP-Servicio de Vigilancia Aérea denuncia a la opinión pública la contratación de una empresa de seguridad privada por ¢780 millones anuales para realizar las mismas funciones que venían realizando los trabajadores del Servicio de Vigilancia Aérea en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
La revelación de dicho monto se da luego de una serie de consultas por parte de la seccional de ANEP, que fueron respondidas mediante oficio DGAC-DG-OF-1160-2018 de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) sobre la contratación entre Aeris Holding C.R y K9 Internacional.
Jonathan Flores, Directivo Nacional de la ANEP detalló que en el documento la administración justifica dicho contrato debido al congestionamiento, largas filas y hasta pérdida de vuelos. Sin embargo, estos problemas no se han resuelto y no son atribuirles al Servicio de Vigilancia Aérea.
“Concretaron un jugoso negocio que le cuesta al Estado ¢65 millones mensuales, pero los resultados no se han visto, ya que continúan las largas filas en los puestos de acceso y revisión, los cuales no fueron reforzados con personal. Por el contrario, desplazaron a oficiales del Servicio de Vigilancia Aérea y en su lugar colocaron a los oficiales privados a hacer las mismas funciones que realizaban los trabajadores estatales”, indicó Flores.
Otra de las acciones que critica la seccional es que a la Policía Aeroportuaria se le relegó a hacer funciones perimetrales y recorridos, desperdiciando la experiencia y capacitación que han recibido por años para atender, prevenir y mitigar eventuales riesgos aeroportuarios.
“Toda la experiencia, capacitaciones frecuentes, cursos de especialización y la experiencia única que brinda la labor policial fue remplazada en los horarios de mayor afluencia de pasajeros, por personal privado que fue capacitado durante solo dos meses para asumir tan enorme responsabilidad” aseveró Flores.
“Es grave que en medio de una crisis, tanto en materia de seguridad como de finanzas públicas se ejecute un plan que le cuesta tanto dinero al Gobierno Central, para que una empresa de seguridad privada venga a hacer, a medio tiempo, lo que ya el Estado estaba haciendo”, agregó.
Preocupación por seguridad
La principal preocupación para la seccional es que la seguridad aeroportuaria quedaría en manos de terceros, ya que están entregando planos de la infraestructura del aeropuerto, principal frontera del país, a una empresa de seguridad privada. Sin tan siquiera conocer si existen las cláusulas de confidencialidad para resguardar información sensible ya que la contratación es de índole privada, según el oficio mencionado anteriormente.
“Concretaron un jugoso negocio que le cuesta al Estado ¢65 millones mensuales, pero los resultados no se han visto, ya que continúan las largas filas en los puestos de acceso y revisión, los cuales no fueron reforzados con personal. Por el contrario, desplazaron a oficiales del Servicio de Vigilancia Aérea y en su lugar colocaron a los oficiales privados a hacer las mismas funciones que realizaban los trabajadores estatales”, indicó Flores.
Otra de las acciones que critica la seccional es que a la Policía Aeroportuaria se le relegó a hacer funciones perimetrales y recorridos, desperdiciando la experiencia y capacitación que han recibido por años para atender, prevenir y mitigar eventuales riesgos aeroportuarios.
“Toda la experiencia, capacitaciones frecuentes, cursos de especialización y la experiencia única que brinda la labor policial fue remplazada en los horarios de mayor afluencia de pasajeros, por personal privado que fue capacitado durante solo dos meses para asumir tan enorme responsabilidad” aseveró Flores.
“Es grave que en medio de una crisis, tanto en materia de seguridad como de finanzas públicas se ejecute un plan que le cuesta tanto dinero al Gobierno Central, para que una empresa de seguridad privada venga a hacer, a medio tiempo, lo que ya el Estado estaba haciendo”, agregó.
Preocupación por seguridad
La principal preocupación para la seccional es que la seguridad aeroportuaria quedaría en manos de terceros, ya que están entregando planos de la infraestructura del aeropuerto, principal frontera del país, a una empresa de seguridad privada. Sin tan siquiera conocer si existen las cláusulas de confidencialidad para resguardar información sensible ya que la contratación es de índole privada, según el oficio mencionado anteriormente.
Y lo que parece ser mas evidente es que a lo interno se han generado prácticas desleales para motivar los despidos o que recargan al personal de trabajo para obligarlos a renunciar casi de inmediato o a que estos busquen otras opciones de trabajo debido a los síntomas generados por el «Burn Out»…lo cual facilitaría la toma de los puestos policiales por los entes de seguridad privada.
De hecho Jonathan Flores de la ANEP varias veces solicitó el Estudio de Ambiente Laboral por la situación de estrés extremo que ha venido teniendo la Policía Aeroportuaria del Servicio de Vigilancia Aérea
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