La ANEP, como una asociación sindical que representa los intereses de miles de empleados públicos y de empleadas públicas, así como de personas trabajadoras asalariadas que laboran para el sector privado, tiene un interés legítimo en la transparencia y probidad en la administración pública; especialmente en entidades que regulan y supervisan aspectos críticos del sistema financiero y de pensiones del país. Cualquier acto de corrupción o falta de ética en estas instituciones, puede tener repercusiones directas en la estabilidad económica de los trabajadores y de las trabajadoras de ambos sectores, así como en la confianza del público en las instituciones financieras.
Compartimos la denuncia presentada
S.G. 2125-2932-24
Lunes 1 de julio de 2024
Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción
del Ministerio Público
ASUNTO: Solicitud suspensión de Rocío Aguilar Montoya de los cargos en el sistema financiero; y, de los demás miembros del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif) de la posición estratégica que ostentan de cara a las delicadas investigaciones en curso.
Nosotros, Albino Vargas Barrantes, con cédula de identidad No. 104570390; y, Wálter Quesada Fernández, con cédula de identidad No. 105080559; en nuestra calidad, respectivamente hablando de, Secretario General y Secretario General Adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); por medio del presente escrito presentamos las siguientes denuncias y solicitud de coadyuvancia con el propósito de colaborar en las investigaciones en curso y solicitar la apertura de nuevas investigaciones contra la señora Rocío Aguilar Montoya y los miembros del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif), en virtud de los siguientes hechos:
- INTERÉS LEGÍTIMO DE LA ANEP
La ANEP, como una asociación sindical que representa los intereses de miles de empleados públicos y de empleadas públicas, así como de personas trabajadoras asalariadas que laboran para el sector privado, tiene un interés legítimo en la transparencia y probidad en la administración pública; especialmente en entidades que regulan y supervisan aspectos críticos del sistema financiero y de pensiones del país. Cualquier acto de corrupción o falta de ética en estas instituciones, puede tener repercusiones directas en la estabilidad económica de los trabajadores y de las trabajadoras de ambos sectores, así como en la confianza del público en las instituciones financieras.
2. DENUNCIAS EN MARCHA
A. Presunto delito de desobediencia a la autoridad
Hechos:
1)La señora Rocío Aguilar Montoya fue denunciada penalmente el 21 de abril del 2023 por la gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), por el presunto delito de desobediencia a la autoridad. La denuncia se relaciona con la falta de entrega de información solicitada por la Junta Directiva del BCCR, para tener acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público tramita la denuncia bajo el expediente 23-000107-1218-PE.
2) La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), presentó la consulta[1] acerca del fondo a la Procuraduría General de la República (PGR), la cual ya se pronunció e indicó que existe una obligación de todas las personas e instituciones, de brindar la información de interés estadístico requerida por las instituciones del Sistema Nacional de Estadística, lo cual incluye al BCCR; en caso contrario, se establece un régimen sancionatorio que debe aplicarse.
Esta ley excepciona, únicamente, los datos sensibles, que son de entrega voluntaria; sin embargo, el criterio de la Procuraduría indica que los datos referentes al comportamiento crediticio no están dentro de la categoría de datos sensibles, y si bien tienen una protección distinta, no están cubiertos por el artículo 18 de la Ley 9694, que exige un consentimiento expreso de la persona al dar la información para que esta sea usada por el Sistema Nacional de Estadísticas.
1) La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó[2] las oficinas del Concejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif) en busca de pruebas contra Rocío Aguilar Montoya, el 1° de setiembre del 2023, con el fin de incautar documentos relacionados con la comisión de aparentes delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública.
2) Según los medios de información de prensa, la investigación tiene relación con un acuerdo tomado por los miembros del CONASSIF, en sesión realizada el 15 de agosto, en el que, presuntamente, se determinó emitir una moción de censura contra el Banco Central de Costa Rica y solicitarle al presidente ejecutivo de esta entidad retirar una denuncia presentada contra Rocío Aguilar Montoya. Sin embargo, la Fiscalía, a nuestro buen entender, no ha dado a conocer lo resuelto con este asunto lo cual consideramos urgente.
B. Presunta participación en un nombramiento ilegal y prevaricato
Hechos:
1) La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ha interpuesto cargos[3] contra Rocío Aguilar Montoya, contra miembros del CONASSIF en ese momento y, al menos, contra tres funcionarios públicos, por la presunta designación ilegal del señor Adrián Pacheco Umaña en una influyente jefatura en la División de Planificación y Normativa de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).
Esta división de la SUPEN tiene un rol influyente en la superintendencia, ya que, entre otras potestades, emite la normativa de pensiones del país, determina los topes de inversión en el extranjero antes de su aprobación en CONASSIF; así como también se encarga de recopilar la información estadística sobre los rendimientos, inversiones nacionales y extranjeras, y otros datos que se reúnen en informes trimestrales para el CONASSIF.
Esta área de la SUPEN estuvo muy cuestionada en el 2022, cuando emitieron criterios técnicos que, entre otras cosas, llevaron a la pérdida de los rendimientos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP); y, a una afectación directa del tipo de cambio que llevó al dólar a un valor de ₡700, lo que agudizó la inflación de aquel momento en el contexto de una pandemia por Covid-19. Posteriormente, ese jineteo de cuantiosísimos recursos de las pensiones desde Costa Rica hacia el exterior y viceversa, ha contribuido a la volatilidad del tipo de cambio.
2) Un informe de auditoría concluye que doña Rocío Aguilar Montoya y los otros miembros de Conassif implicados, conocían del requisito formal de la experiencia, conocían que había existido una selección de cuatro personas que se dijo que cumplían con todos los requisitos necesarios, sabían que uno de ellos era Pacheco Umaña, y tuvieron a su alcance numerosos indicios de que no cumplía con el requisito de experiencia en puestos de jefatura por cinco años. Sobre este particular no se conocen avances en el proceso y si el Juzgado Penal de Hacienda estableció una fecha para la audiencia preliminar.
A pesar de no cumplir con el requisito de experiencia de 5 años necesarios para aplicar al puesto, fue nombrado en el puesto clave, según la relación de hechos RH-AI-CONASSIF-2-2022, lo que pone en duda la transparencia y legalidad del proceso.
C. El caso de Coopeservidores
Hechos:
1) La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que el pasado 24 de mayo abrió una causa para investigar las actuaciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif) y de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) por el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos, R.L. (Coopeservidores).[4]
2) Rocío Aguilar Montoya, en su rol como Superintendente de la SUGEF, es la responsable de la supervisión del sistema financiero, como máxima jerarca de la SUPEN y de la SUGEF.
3) La SUGEF conocía que la cartera de crédito de la indicada cooperativa se había reducido en ₡14.050 millones entre 2009 y 2016, con una reducción especialmente grave de ₡6.587 millones, en 2014.
4) La SUGEF tenía advertencias sobre la situación que llevó al cierre de Coopeservidores, pero no actuó oportunamente, lo que aceleró la intervención y posterior resolución de inviabilidad financiera de la cooperativa.
5) En el caso de Coopeservidores se llevó a una intervención, que a criterio de los asociados[5] y demás partes interesadas, aceleró su descalabre. Se tiene la tesis de que la SUGEF debió implementar un plan remedial antes de la intervención, esto según la supervisión basada en riesgos, la cual tiene los mecanismos preventivos suficientes para evitar llegar a la intervención de una entidad como Coopeservidores,
6) Dados los elementos, la señora Rocío Aguilar Montoya, presuntamente, incumplió con sus deberes y faltó a su deber de probidad por inacción, ya que no actuó de manera oportuna y diligente atendiendo el interés público de los ahorrantes asociados a la cooperativa cuando se dieron los primeros informes a SUGEF con aparentes pérdidas de la cooperativa.
7) Existe opacidad en la gestión de supervisión a Coopeservidores por parte de la SUGEF. Tan es así que el supervisor e interventor son la misma figura: el señor Marco Hernández Ávila. Debería de investigarse si colaboró para llevar a Coopeservidores a la intervención antes de plantear un plan remedial apartándose del interés público que arrastra una afectación a más de 131.000 personas asociadas, 326 asociaciones solidaristas y 700 personas trabajadoras sin empleo.
3. SOLICITUD DE APERTURA DE NUEVAS INVESTIGACIONES
A. Caso Aldesa
Hechos:
1) El 8 de marzo de 2019 la corporación Aldesa avisó a sus cientos de inversionistas que tenía “problemas de liquidez” y solicitaría una intervención judicial para “poner en orden” sus finanzas[6].
2) Este anuncio implicaría dejar de pagar intereses y retener los montos invertidos, decenas de personas perdieron su dinero y vieron sus sueños desmoronarse con la caída de la empresa[7].
3) A través de los corredores de bolsa, aprovechándose de la ligereza, la falta de educación financiera e, inclusive de la edad (porque se trataba de personas mayores), haciéndoles firmar un perfil de riesgo a las personas ahorrantes; les categorizaban como inversionistas sofisticados; sin explicarles que los ahorros se invertían vía Aldesa Corporación de Inversiones, en vez del Puesto de Bolsa, las personas no entendían ni tampoco les explicaban que lo que estaban firmando permitía a Aldesa a realizar inversiones muy riesgosas con su dinero en otra empresa del grupo empresarial que no estaba siendo regulada.
4) Rocío Aguilar Montoya posee antecedentes directivos en Aldesa, ocupó cargos directivos del grupo empresarial como directora de la Junta Directiva de Corporación Aldesa y miembro de Comité de Inversión de Aldesa. Por estas razones, presumimos, que existe un conflicto de intereses en un caso donde la información que se emane de los órganos de supervisión financiero será determinante para el resultado final de un asunto de enorme trascendencia nacional y en el cual ella está encartada de manera directa.
B. Caída de los rendimientos del ROP en 2022
Hechos:
1) En sesión del Conassif, el 14 de mayo del 2019, el regulador modificó el Reglamento de Gestión de Activos para que las operadoras no tuvieran que demostrar la rentabilidad “con base en estudios técnicos” ante el ente regulador, como se reglamentó originalmente[8].
2) La SUPEN autorizó a las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) sobrepasar el límite fijado por la ley del 25% a lo que las operadoras podían invertir del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) en el extranjero. La SUPEN, sujetó tan solo a un “criterio técnico” de la División de Planificación y Normativa, aprobó un aumento del límite para que las OPS pudiesen elevar el porcentaje de inversión del ROP en el extranjero hasta un 50% de la cartera total sin necesidad de autorización previa de la SUGEF y trasladan la responsabilidad a las operadoras y sus respectivos comités
3) En el dictamen PJD-7-2021 del 14 de mayo del 2021, tres funcionarias de la Asesoría Jurídica de SUPEN reiteraron que la asignación de inversiones “le corresponde al órgano de dirección de cada entidad”, pero que “es responsabilidad de la operadora poner en conocimiento de la Superintendencia el cambio en las condiciones que dieron origen al aumento en el límite de inversión en mercados internacionales”.
4) Las colocaciones realizadas por los fondos de pensiones en el exterior se aceleraron, pronunciadamente, desde mediados de 2020. Según datos del Banco Central, entre el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2022, la “inversión de cartera” originada en Costa Rica y colocada en moneda extranjera, salta de $4.880 millones a $9.332 millones, un incremento del 91% en poco más de dos años.
5) Las pérdidas en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), en 2022, se deben a decisiones de inversión en el extranjero que excedieron los límites legales debido a que, a inicios de septiembre de 2021, bajo supervisión de Rocío Aguilar Montoya, las operadoras de pensiones “intensificaron” inversión internacional “, a partir de la segunda mitad del 2020.
6) Las operadoras de pensiones han sido sancionadas por la Coprocom porque promueven prácticas anticompetitivas, pues existen claros indicios de esto dado que se agrupan a través de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), cobran el mismo cargo por concepto de comisión para la administración del ROP de los costarricenses, cobran 0.35%, sin permitir la competencia entre ellas. La SUGEF no hace nada al respecto.
7) Las operadoras de pensiones arriesgan el dinero de las pensiones de las personas y generan pérdidas de los rendimientos, pero mantienen el cobro de la comisión. Rocío Aguilar Montoya defiende este cobro[9].
8) En el año 2022, el Régimen Obligatorio de Pensiones tuvo pérdidas de rentabilidad. Esto según los reportes de inversión que entregan las operadoras a la Superintendencia de Pensiones (SUPEN)[10]. Pérdidas de miles de millones de colones según reportes de diarios nacionales. Estas acciones evidencian negligencia en la administración de los fondos de pensiones. Y dado que las operadoras de pensiones funcionan sin ningún riesgo para sí mismas, sino que los riesgos de cartera son asumidos enteramente por los ahorrantes, mientras que el cobro de la comisión por administrar los fondos es totalmente independiente de los rendimientos que estos tengan, generándose así una condición perversa para los ciudadanos pues pueden imperar los intereses del grupo financiero dueño de la operadora, por encima del interés público.
9) El monto de inversiones manejados por las operadoras de pensiones (OPC) asciende a un poco más del 50 % del PIB; y, comparado con crédito interno total otorgado por los entes financieros regulados sería de más 80% de ese monto, por lo que permitir que las OPC puedan mover hasta el 50 % los recursos entre Costa Rica y el exterior, tendrá importantes impactos en las tasas de interés internas, lo que podría ser muy rentable para los grupos financieros en la maximización de ganancias, pero muy perjudicial para los ciudadanos y el gobierno.
4. INVIABILIDAD E INCONVENIENCIA DE LA CONTINUIDAD
EN LOS CARGOS POR PARTE DE ROCÍO AGUILAR MONTOYA
El pilar más importante en el sistema financiero de cualquier parte del mundo radica en la confianza de las personas, es un elemento “frágil” y rápido de perder cuando suceden situaciones, que se supone los entes de fiscalización deberían de tener bajo control. Costa Rica no escapa a esa realidad. Sin embargo, como hemos señalado, se han venido presentando problemas graves que menoscaban la confianza del público.
El caso más reciente, el de Coopeservidores, el cual no es aislado y se le suman las caídas brutales en los rendimientos de los fondos de pensiones y la quiebra de Aldesa, en todas estas tragedias financieras se tiene como denominador común la inacción e ineficacia de las entidades de supervisión, control y fiscalización; el denominador común es doña Rocío Aguilar Montoya, quien desde el 2020 ocupa los cargos de Superintendente de Entidades Financieras (SUGEF) y Superintendente de Pensiones (SUPEN), y ha ocupado otros cargos públicos de gran relevancia. Se pone de manifiesto la no conveniencia de la continuidad de Rocío Aguilar Montoya y de las personas que participan en el Conassif porque han tenido una conflictividad de hechos en los casos mencionados.
La continuidad de Rocío Aguilar Montoya en los cargos actuales, así como en cualquier otra entidad del sistema financiero, no es viable, por los elementos aquí expuestos y la enorme cantidad de hechos meritorios de investigación. Estamos convencidos y seguros de que su continuidad es perjudicial para el interés público y la estabilidad financiera del país. Aquí se encuentra en juego la credibilidad del sistema financiero costarricense.
El historial de Rocío Aguilar Montoya, dentro del cual figuran presuntos conflictos de interés, incumplimiento de deberes, prevaricato, desobediencia a la autoridad, nombramientos ilegales, tráfico de influencias y otros presuntos conflictos de índole moral, como el de ser parte de puertas giratorias entre el sector público y privado, irritan a los ciudadanos y se exacerban las suspicacias con la inacción de los poderes del Estado, cuyos máximos responsables a tales efectos, pareciera que miran complacientes y timoratos del poder del sector bancario.
Esta inacción compromete el buen nombre de las instituciones de frente a la ciudadanía y es aprovechado por movimientos políticos para alimentar en el imaginario de las personas la idea de que nuestros sistemas de control y justicia deben ser cambiados, en el mejor de los casos; y, hasta eliminados en el peor. El sistema de justicia costarricense está bajo ataque sistémico y es orquestado por intereses políticos turbios que buscan desaparecer la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Es por esto que hacemos un llamado para que se investiguen los hechos aquí señalados, y también se actúe con celeridad sobre aquellas causas abiertas y en proceso.
Miembros del CONASSIF
La permanencia de los actuales miembros del CONASSIF también es cuestionable. Sus decisiones han favorecido intereses privados en detrimento del sector público, como se observa en el manejo del caso de Coopeservidores y el nombramiento ilegal de Adrián Pacheco Umaña. Es crucial para el interés público que sean apartados de sus cargos y se investigue su actuación.
Dado que cerca de 92% de los recursos que maneja el sistema financiero, es dinero de los costarricenses y no de los entes que únicamente lo administran, se requiere que el resguardo de la más estricta administración, transparencia, credibilidad y rendición de cuentas. Y las actuaciones de quienes ocupan los cargos de regulación no generan esas confianzas.
5. SOLICITUD DE INFORMES
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público lo siguiente:
1) Apurar la resolución definitiva de los casos actuales contra Rocío Aguilar Montoya, especialmente los relacionadas con los presuntos delitos de desobediencia a la autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública:
- Nombramientos cuestionados en el CONASSIF, tal como lo reveló en setiembre de 2022, un informe de la auditoría interna del Conassif que encontró que Alberto Dent Zeledón, Tomás Soley Pérez y Rocío Aguilar Montoya, tuvieron parte en el nombramiento de Adrián Pacheco Umaña, como intendente de Pensiones, para el cual se incurrió en varias irregularidades.
- Negarle información al BCCR y el flagrante acto de desobediencia a la autoridad, interpuesta por la Gerente del Banco Central de Costa Rica el 21 de abril del 2023.
- Influencia contra la Hacienda Pública en el caso del “hueco fiscal” donde como excontralora de la República, era y es conocedora de la normativa que violentó.
2) Hace 17 años, la señora Rocío Aguilar fue directora de Aldesa y entre setiembre del 2012 y noviembre del 2016, formó parte del comité de inversiones del Fondo de Inversión y Desarrollo de Proyecto Montes del Barco, administrado por Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión. Hoy sabemos que hay varios procesos en los estrados judiciales en los cuales esas actuaciones de la señora Aguilar Montoya y de sus asocios de entonces y amigos, son objeto investigación, lo que implica que se requerirá mucha información financiera en custodia de la SUGEF o de los entes adscritos al Conassif; y que no es conveniente su posición actual para la transparencia y la credibilidad del accionar de la justicia.
3) La desatención de la supervisión llevada a cabo en el caso de Coopeservidores es gravísima, pues se ha revelado que ese ente reflejaba índices de deterioro desde hace 8 años atrás, e incluso, desde hace 8 meses era evidente que venía en picada. Sin embargo, la SUGEF permite que el desastre se materialice en contra de miles de pequeños ahorrantes y de Asociaciones Solidaristas. Al respecto, por transparencia doña Rocío Aguilar Montoya, de ninguna manera, es conveniente que permanezca en el puesto de Superintendente.
4) Se aparte a Rocío Aguilar Montoya y los miembros del Conassif de sus cargos. Se abran las investigaciones por los hechos señalados que aún no están siendo investigados.
5) Que dado que se trata las personas que todos los días deciden sobre el manejo de los ahorros del pueblo costarricense; y que sus errores, negligencias y actos fuera de ley tienen la mayor repercusión social; es urgente que se tomen las medidas cautelares necesarias para no exponer más a la ruina el país. Hace 17 años, Rocío Aguilar Montoya fue directora de Aldesa y porque, entre setiembre del 2012 y noviembre del 2016, formó parte del comité de inversiones del Fondo de Inversión y Desarrollo de Proyecto Montes del Barco, administrado por Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión.
Albino Vargas Barrantes Wálter Quesada Fernández
Secretario General Secretario General Adjunto
Fuente: ANEP
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