Desde hace cinco años, ANEP anuncia que se prepara para la huelga en el sector público que enfrenta un brutal congelamiento salarial que ha deteriorado gravemente la calidad de vida de los trabajadores. A pesar de que el costo de vida sigue en aumento, el salario mínimo no alcanza para cubrir las necesidades básicas, generando una depreciación en la convivencia familiar y social. Este estancamiento salarial, sumado al avance del crimen organizado y la inseguridad, mantiene a la clase trabajadora en un estado de estrés constante, afectando directamente su poder adquisitivo.
Sin embargo, existe una creciente consciencia de que es posible organizarse y luchar por los derechos laborales. Aunque se ha intentado hacer creer a los trabajadores que no pueden defender sus derechos ni salir a las calles, la realidad es que movimientos y huelgas son viables. La Sala Constitucional acogió una acción de inconstitucionalidad que permite desarrollar estos movimientos, paralizando temporalmente la aplicación de leyes como la del equilibrio fiscal, la ley antihuelgas (Ley 9808) y la reciente ley de empleo público.
Específicamente, la ley contra las huelgas está en efecto suspensivo mientras se decide su constitucionalidad. Por lo tanto, existe un análisis jurídico que apoya la posibilidad de realizar huelgas. Además, la Corte Interamericana ha reconocido el derecho de huelga como un derecho humano, lo que obliga al Estado a respetar esta resolución y los estándares internacionales.
En este contexto, es fundamental que los trabajadores del sector público se unan y defiendan sus derechos, recordando que el derecho de huelga tiene rango constitucional y supraconstitucional, protegido por tratados internacionales.
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