Con una nota de cobro por 817 millones de colones, la Municipalidad de San Rafael anunció a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) el cierre de todas las propiedades en el cantón en cinco días, si no realiza el pago de dicha suma.
Así lo comunicó la alcaldía a la ESPH mediante la Resolución UP-712-202; por lo que la operación de las plantas potabilizadoras de Tirol y Breña Mora, el Tanque Chamaco, el almacén (donde están los implementos para atención de averías) y 25 instalaciones más podrían quedar inhabilitadas según las intenciones del municipio. La municipalidad está cobrando nueve años de supuesta evasión de pago.
El alcalde del cantón, Verny Valerio, promovió la idea de que la ESPH debe pagar una patente por tener pozos de agua, plantas de tratamiento y demás predios con los que opera dentro del cantón.
Esto sustentado en un criterio de la Procuraduría de la República, en la que señala la ESPH es una empresa pública organizada como una empresa privada, por tanto, debe pagar impuestos de patentes por actividades lucrativas. No obstante, para la ESPH el servicio de agua y energía no son lucrativos y ese cobro terminarán como una carga para los mismos vecinos con un aumento tarifario.
“El suministro de agua y luz han sido declarados hasta la saciedad como servicios sin fines de lucro por la entidad encargada de establecer las tarifas correspondientes, que son por ley al costo, tal como lo aprueba la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”, indicó Allan Benavides, gerente general de la ESPH.
La Empresa no tiene utilidades, sino que caso de un remanente en la ejecución de obras esta se reinvierte en proyectos.
Según la notificación del municipio, el cierre de instalaciones se ejecutaría este jueves 28 de octubre. Benavides advierte de la irresponsabilidad a nivel de salud y economía que puede implicar esta decisión.
“Hay medios judiciales para hacer valer derechos subjetivos de las partes sin afectar a la ciudadanía por caprichos y pulsos de poder sin escrúpulos” indicó el Gerente quien manifestó que cuenta con las pruebas necesarias para demostrar ante el juzgado que el cobro y el aumento tarifario que pretenden el alcalde es injustificado.
La ESPH envió una nota al Concejo Municipal de San Rafael, esperando que desde la máxima autoridad se detenga la intención de cierre de las instalaciones.
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