Acuerdan fortalecer protección de la Salud Pública

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos dictaminó afirmativamente el Expediente 22.306. Reforma de los artículos 18, 19 y 20 y Adición de un artículo 20 bis a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley para Actualizar la Regulación sobre Licencias Obligatorias en Beneficio de la Salud Pública, gracias a lo cual la Caja Costarricense de Seguro Social protegerá de una mejor manera la salud humana.

La diputada Rocío Alfaro Molina dijo que este proyecto no cambia la legislación sobre patentes, pero sí ayuda a ordenar una mejor economía procesal, brinda una mayor claridad de los operadores jurídicos para evitar la no aplicación de las normas en la materia y alentará a la Caja a atender la salud de la mejor manera al hacer la salud más amigable.

También se dictaminó afirmativamente el Expediente 22.766, Ley que faculta al INVU de un mecanismo expedito para la titulación, segregación, inscripción, catastro y normalización de sus terrenos. El diputado José Francisco Nicolás Alvarado resaltó que este proyecto por fin permitirá el adecuado registro de las propiedades según corresponda con la legislación.

El proyecto añade un artículo 38 bis a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Ley 1788) para autorizar al INVU a tramitar mediante exhorto ante el Registro Inmobiliario lo siguiente: a) La medida, catastro e inscripción a nombre del INVU de los asientos y planos de las fincas asignadas o adquiridas por la institución. b) La medida, catastro, segregación y otorgamiento título sobre áreas de fincas adquiridas por el INVU. c) Medir, catastrar, segregar, otorgar título sobre un único predio a los ocupantes nacionales o extranjeros con residencia que demuestren una posesión. d) Elaborar los planos de agrimensura. e) La cancelación de planos catastrados que no han generado derechos y que se superpongan a inmuebles de propiedad pública y f) La corrección de los antecedentes de dominio de sus propiedades o las generadas por medio de sus programas de vivienda.

La Comisión de Jurídicos dictaminó además el Expediente 22.901, Ley de acceso a la justicia para las personas consumidoras. La diputada Rocío Alfaro comentó que le surgieron una serie de dudas con la propuesta en materia de contratos financieros, que pueden generar un trato desigual en los servicios que se brindan a la ciudadanía. Igualmente detalló que se debió consultar el criterio de la Cámara de Consumidores sobre el tema de las garantías que deben ofrecerse.

Sin embargo, el diputado Jorge Dengo Rosabal aclaró que la viceministra de Economía presentó un texto sustitutivo que mejoró la iniciativa. Dijo que también anunció un plan sobre derechos de los consumidores. Finalmente se acordó enviar varios expedientes para su estudio en subcomisiones, así como recibir en audiencia y consultar los criterios de varias instituciones sobre diversas propuestas de ley.

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