ACLARACIÓN sobre adquisición de terrenos para la Sala Constitucional

Con respecto a las declaraciones de la Ministra de la Presidencia durante la conferencia de prensa del Ejecutivo sobre el proceso de compra de terrenos para la Sala Constitucional se informa a la opinión pública:

Existe un Contrato del Fideicomiso Inmobiliario suscrito entre el Poder Judicial y el Banco de Costa Rica (BCR), el cual dispone del refrendo de la Contraloría General de la República (con fecha del 26 de noviembre de 2015), el cual se realizó para el desarrollo de obras, compra de terrenos o edificaciones para el Poder Judicial de la República de Costa Rica. El BCR, dentro de la cláusula de dicho contrato, funge como Fiduciario. El fideicomitente y Fideicomisario es la Corte Suprema de Justicia.

Dicho fideicomiso se enmarca en el ordenamiento jurídico costarricense y tiene como objetivo, entre otros, la adquisición directa de terrenos. Dentro del contrato y sus adendas se contempla la adquisición de terreno y construcción del edificio para albergar a la Sala Constitucional.

Con el propósito de que en el corto plazo la Sala Constitucional disponga de una edificación propia, el Poder Judicial, emitió la orden al Fideicomiso para la compra de un terreno en donde pudiera construirse un edificio para la Sala.

En atención a dicha instrucción, actualmente el BCR, en calidad de Fiduciario, se encuentra en un proceso de contratación de un terreno para la Sala Constitucional, a través del Fideicomiso.

De tal manera que el Fiduciario emitió la Decisión Inicial de la contratación denominada “Procedimiento Especial para la adquisición de bien inmueble para albergar el nuevo edificio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, con el fin de continuar con el trámite en el Sistema Integrado SICOP y siguiendo lo dispuesto en a los artículos 37 y 67 de la Ley General de Contratación Pública, numeral que le permite a la Administración comprar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles, sin emplear procedimientos ordinarios cumpliendo una serie de requisitos normativamente señalados.

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