Abogado casi termina en hospital psiquiátrico tras confrontar al Poder Judicial ¿Justicia o represión disfrazada?
En Costa Rica, la captura del periodista Camilo Rodriguez, de un juez de Cartago, zona donde según denuncias de Rodriguez se buscó trasladar al extraditable Celso Gamboa, dado que en esa zona se encontrarían cerca de 200 paramilitares para liberar a Gamboa del Centro Penitenciario. Por eso, los costarricenses deben conocer este actuar de un juez de la República. ¿Justicia o represión disfrazada?.
Un país que se precia de su institucionalidad democrática, un hecho ocurrido en 2019 debería levantar todas las alarmas. El abogado Frank Paniagua Mendoza fue arrestado en medio de una audiencia en Guanacaste y enviado, por orden judicial, al hospital psiquiátrico por un mes, orden que finalmente no fue ejecutada gracias a que el juez que la dio se inhibió de seguir conociendo la causa. ¿La razón? Haber alzado la voz en protesta durante una diligencia judicial, en defensa de las tierras que reclama para su familia, aparentemente robada por el estado costarricense.
Según el propio Paniagua, su reacción se dio luego de que el juez se negara a eliminar una afirmación ofensiva de un testigo en su contra. No hubo amenazas ni violencia, pero sí un reclamo incómodo para el sistema. La respuesta fue desproporcionada: no una sanción administrativa, ni una advertencia formal, sino su confinamiento forzado en un centro psiquiátrico con el argumento de “evaluar si estaba en condiciones de ejercer su defensa técnica”.
¿Desde cuándo una protesta verbal se traduce en incapacidad mental? ¿En qué momento el sistema judicial costarricense decidió usar el diagnóstico psiquiátrico como arma para neutralizar a quienes cuestionan decisiones dentro del proceso?
El expediente judicial 19‑000162‑1259‑PE registra este hecho insólito. Paniagua afirma que su encierro fue una represalia por su lucha por recuperar tierras familiares. Sostiene que lo quisieron declarar “loco” para sacarlo del camino, para desacreditar su posición legal, para apartarlo del caso. Él lo llama montaje; la justicia no ha explicado nada.
Este 2025, el abogado presentó denuncias ante el FBI de los Estados Unidos bajo el posible delito de sicariato economico para el cual ese país ha desarrollados leyes como la Magnistky, y podría estar actuando en fechas futuras, dado el contenido de la denuncia.
El caso de Frank Paniagua no es un incidente menor. Es un precedente peligroso. El uso del sistema psiquiátrico como castigo judicial recuerda los peores momentos de regímenes autoritarios, donde el “diagnóstico” se convierte en mordaza y la camisa de fuerza reemplaza el debido proceso.
Si se confirma que todo esto fue una estrategia para acallar una voz incómoda, estamos ante una violación flagrante de derechos humanos. Y lo más grave: en nombre de la justicia.
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