A la OEA le preocupa el financiamiento de campañas políticas

Financiamiento de Campañas. Un tema que preocupa especialmente a la MOE/OEA es el sistema de financiamiento político-electoral costarricense.

En las diversas reuniones sostenidas durante sus dos despliegues, la Misión conoció del
amplio consenso de todos los actores sobre la necesidad de cambiar el actual modelo. La MOE/OEA
considera que ese acuerdo amerita un debate que involucre a actores electorales y políticos, con el objetivo de subsanar la condición de inequidad que genera el diseño del sistema.

Las problemáticas del financiamiento por reembolso han sido señaladas en reiteradas oportunidades por
las misiones de la OEA. Bajo el esquema actual, los partidos no acceden a los recursos de la contribución
estatal sino hasta meses después de finalizadas las campañas. En elecciones nacionales, un 15% del
financiamiento público se reserva para ser distribuido entre los partidos de forma anticipada a los comicios.

Sin embargo, las organizaciones políticas deben presentar garantías líquidas para acceder a estos fondos,
requisito que – de acuerdo con la mayoría de los tesoreros entrevistados por la MOE – resulta sumamente
difícil de cumplir. Cabe señalar que, en este proceso de 2022, ningún partido accedió al anticipo.

En este contexto, los y las candidatas deben buscar recursos privados para llevar adelante sus campañas.
La legislación costarricense permite únicamente los aportes provenientes de personas físicas10, y todas las donaciones deben canalizarse a través de las cuentas únicas de los partidos. Tal como ha sido señalado por anteriores misiones de la OEA, no existen límites a los aportes ni a los gastos de campañas, elementos que contribuirían a fortalecer la equidad de la contienda.

Algunos partidos recurren también a créditos bancarios para financiar sus gastos, bajo la figura del
fideicomiso. Como han señalado las misiones de la OEA en 2018 y 2020, al momento de determinar a qué partidos se les concede un crédito, los bancos toman en cuenta las encuestas y efectúan los desembolsos conforme evolucionan los sondeos. Ello genera que las organizaciones más pequeñas o rezagadas en las
encuestas enfrenten grandes obstáculos para acceder a los créditos. De acuerdo con la información
recibida, sólo 6 de los 25 partidos que participaron de la primera vuelta presidencial lograron la apertura
de fideicomisos bancarios.

Cabe agregar que este tipo de préstamos suele ser altamente oneroso para los partidos, debido a los
intereses, comisiones y honorarios que deben desembolsar. Además, el sistema brinda a las encuestadoras injerencia excesiva en el proceso, ya que sus reportes terminan por condicionar la concesión de recursos para realizar actos de proselitismo electoral.

La Misión reitera que el sistema de financiamiento actual de Costa Rica no favorece la equidad de la
contienda electoral. Los datos provistos a la MOE/OEA indican que sólo 5 de las 25 candidaturas
presidenciales que participaron de la elección realizaron más del 75% del total de gastos en publicidad
registrados durante la campaña11.

Además, Costa Rica tiene un esquema de individualización de responsabilidad civil y penal hacia tesoreros y jefes de campaña que la MOE/OEA considera positivo. Ese modelo, sin embargo, podría tener una mayor fuerza de disuasión si se incluyeran sanciones específicamente dirigidas a los partidos que incurren en delitos o faltas electorales, para incrementar los niveles de equidad y transparencia en la contienda.

Con vistas a reformular el esquema de financiamiento costarricense, y teniendo en cuenta que hay un
debate legislativo impulsado por el TSE, la Misión recomienda:

  • Establecer una forma de financiamiento público preelectoral que asegure que los partidos cuenten
    con recursos para iniciar su campaña, reduciendo la dependencia del financiamiento privado.
  • Establecer un tope para los aportes a los partidos.
  • Avanzar hacia un esquema de reporte de ingresos y gastos de los partidos en tiempo real, a través
    de una plataforma tecnológica que permita a la ciudadanía consultar esta información, así como
    acceder a datos agregados y visualizaciones que faciliten su interpretación.
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