TSE advierte al Poder Ejecutivo sobre uso del símbolo del “jaguar” por posible beligerancia política

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió que el uso del símbolo del “jaguar” por parte de autoridades del Poder Ejecutivo podría constituir beligerancia política, lo que acarrearía sanciones graves como la destitución e inhabilitación de los responsables.

La posición del Tribunal fue emitida en la resolución N.° 5037-E8-2025, del 22 de julio, en respuesta a una consulta oficial presentada por el Consejo de Gobierno el pasado 10 de julio. La solicitud buscaba aclarar si la utilización del emblema por funcionarios del Ejecutivo podía interpretarse como una manifestación política indebida. La respuesta de las magistradas y magistrados electorales fue unánime y afirmativa.

El análisis del TSE se sustentó en el hecho de que el partido político MOTIVA registró legalmente una divisa que incluye la figura del jaguar como símbolo partidario. El proceso de inscripción se realizó conforme a la normativa electoral y, durante el plazo correspondiente, no recibió oposición ni objeción formal alguna, por lo que quedó firme en favor de dicha agrupación.

La resolución enfatiza que, en el marco constitucional costarricense, los funcionarios públicos, especialmente los del más alto nivel, deben mantener una estricta neutralidad política para garantizar procesos electorales equitativos y libres.

“Cualquier actuación de una autoridad de gobierno en la que se utilice ese distintivo como emblema podría considerarse un mensaje en favor de dicha agrupación”, advierte el Tribunal, señalando que ello vulneraría de forma flagrante el principio de neutralidad que rige el actuar público, con “severas consecuencias” legales.

El TSE remarcó que el “jaguar”, al haber sido inscrito como representación gráfica oficial de MOTIVA, adquiere una connotación político-electoral exclusiva, por lo que su utilización por entes del Estado podría interpretarse como un apoyo institucional indirecto a ese partido.

Posibles consecuencias legales

Según la normativa vigente, la beligerancia política por parte de funcionarios públicos está expresamente prohibida y puede derivar en sanciones que van desde procedimientos disciplinarios hasta la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

La resolución del TSE establece un precedente claro de cara al periodo electoral que se aproxima, reafirmando la necesidad de que el Estado y sus funcionarios se abstengan de usar símbolos con contenido partidario, aún si estos poseen aparente valor cultural o nacional.

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