TSE respondió al Presidente Rodrigo Chaves.
Rodrigo Chaves y el límite que marca la democracia ante intentos de reinterpretación de la ley
Opinión | El reciente rechazo por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a la gestión de adición y aclaración presentada por el presidente Rodrigo Chaves no es un simple trámite jurídico; es un recordatorio contundente del límite institucional que la democracia impone incluso al más alto cargo del país.
Con la resolución n.° 4707-E1-2025, el órgano electoral dejó claro que no es posible modificar una sentencia a través de un recurso que, según la Constitución y la jurisprudencia vigente, no está diseñado para rebatir argumentos ni reinterpretar resoluciones. Lo que Chaves intentó —cuestionar el fondo de una resolución ya firme— no solo fue improcedente, sino una señal peligrosa: el impulso de un presidente por desafiar los contrapesos cuando estos no le son favorables.
El fallo original, la resolución n.° 4259-E1-2025, fue claro: el mandatario violentó el principio del sufragio libre al intentar influir en la decisión electoral de los ciudadanos mediante declaraciones inapropiadas. La sentencia precisó qué tipo de conductas no son aceptables para una figura de gobierno durante un proceso electoral. Lo que hizo el presidente, al presentar su solicitud bajo la apariencia de una gestión legítima, fue disfrazar una inconformidad con un fallo que no puede —ni debe— ser alterado a su conveniencia.
El TSE y la Sala Constitucional han reiterado que estas gestiones no están hechas para revisar la fundamentación jurídica de una sentencia, sino para aclarar aspectos estrictamente técnicos de su parte resolutiva. La intención del presidente de que el Tribunal respondiera consultas sobre el principio de neutralidad en tiempos electorales no era otra cosa que un intento por reabrir un debate ya zanjado.
La independencia de los poderes y la firmeza institucional frente a presiones políticas son pilares fundamentales del sistema democrático. Si el presidente desconoce estos límites o pretende empujarlos, lo que está en juego no es solo el resultado de una resolución, sino la salud misma del régimen democrático.
Costa Rica necesita autoridades que respeten los canales establecidos, no figuras que buscan reinterpretarlos a su favor. Este episodio debe quedar registrado como una alerta: cuando el poder intenta borrar las líneas que lo contienen, corresponde a las instituciones trazarlas con más firmeza.
