Fiscalía de Costa Rica descarta investigar millonarias transferencias vinculadas al BCT en Panamá
Opinión: La Fiscalía de Costa Rica reconoció haber recibido un informe oficial del Ministerio Público de Panamá en el que se detallan operaciones financieras vinculadas al BCT por más de 60 millones de dólares en transferencias y 12,9 millones de dólares en depósitos a plazo en su filial panameña. Sin embargo, decidió no abrir una causa penal en el país, argumentando que no existe un delito precedente acreditado para sustentar una investigación por blanqueo de capitales.
Resulta difícil entender cómo una denuncia de esta magnitud, con documentación formal entre fiscalías y cifras tan claras, no es suficiente al menos para abrir una indagación preliminar. Se trata de estructuras financieras y sociedades anónimas utilizadas para mover enormes sumas de dinero entre países, algo que en otros contextos encendería todas las alarmas.
La respuesta del Ministerio Público costarricense da un mensaje claro: si el posible delito ocurre fuera, aquí no se toca. Esta pasividad deja en evidencia un sistema de justicia que parece actuar solo cuando no hay riesgo de incomodar a los poderosos.
Mientras tanto, el BCT y sus voceros han salido al paso negando que exista alguna investigación formal en su contra. Han calificado la información como maliciosa y anunciaron medidas legales contra los medios que reprodujeron los datos provenientes de Panamá. No es la transparencia la que guía su respuesta, sino la intimidación.
Este caso no se trata solo de cifras millonarias. Se trata del papel que juega Costa Rica ante flujos financieros opacos, del mensaje que se envía a los ciudadanos sobre quién puede ser investigado y quién no. Cuando la Fiscalía se niega a actuar, pese a tener en sus manos documentos internacionales que hablan de movimientos por más de $70 millones, el país queda en una posición vergonzosa.
La justicia no puede tener fronteras cuando el dinero sí las cruza libremente. Si Costa Rica aspira a tomarse en serio la lucha contra el blanqueo y la corrupción, este caso debió ser un punto de partida. En cambio, se convirtió en otro capítulo de indiferencia selectiva.
