Detención del periodista Camilo Rodríguez en San José desata cuestionamientos contra el Poder Judicial
El arresto del periodista Camilo Rodríguez esta tarde en la sede del Primer Circuito Judicial de San José, a solicitud del Tribunal Penal de Cartago, ha generado una ola de críticas y desconfianza en redes sociales. Según informó el OIJ, la detención responde a un tema de “aparente rebeldía con un proceso judicial”.
Sin embargo, el contexto va mucho más allá de lo administrativo. Rodríguez ha venido denunciando públicamente una serie de delitos graves que, según él, involucran a funcionarios del Poder Judicial en redes de narcotráfico internacional, tráfico de personas y contrabando. Sus publicaciones han señalado a figuras de alto perfil, entre ellas al exmagistrado y exfiscal Celso Gamboa, recientemente detenido también por el OIJ como parte de una operación que lo vincula a una organización criminal con alcance transnacional.
Rodríguez ha afirmado que existen planes del crimen organizado para trasladar a Gamboa a Cartago, donde operarían cerca de 200 paramilitares con el fin de facilitar su huida del país. Además ha denunciado grupos que incluso buscan asesinar a Camilo para evitar que hable. También, ha denunciado esquemas de lavado de dinero en equipos de fútbol costarricense como parte de estas redes criminales.
La detención del periodista —en plena sede judicial y mientras denuncia a funcionarios del mismo poder— ha sido interpretada por muchos como un intento de silenciarlo. Aunque la versión oficial se refiere a una supuesta rebeldía judicial, los cuestionamientos apuntan a una posible represalia institucional frente a sus investigaciones, dado que el señalamiento de los 200 paramilitares en Cartago para liberar a Gamboa, región de donde se extendió la orden de captura.
En redes sociales, las críticas no se han hecho esperar. Ciudadanos expresan alarma por lo que consideran un acto de intimidación contra la libertad de prensa y un reflejo del deterioro institucional que vive el país.
Mientras tanto, la captura de Gamboa por parte del OIJ ha encendido aún más el debate. Se le vincula con estructuras criminales que mueven grandes cantidades de droga y dinero, además de haber fungido como abogado del presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro.
La opinión pública sigue atenta. La preocupación es clara: ¿Se están utilizando las instituciones del Estado para proteger al crimen organizado y perseguir a quienes lo denuncian?
