¿A dónde van a parar los miles de millones de dólares? Una denuncia que podría sacudir los cimientos del Estado costarricense
Segun denuncias: Millones de dólares provenientes de fondos públicos podrían estar siendo desviados hacia paraísos fiscales o directamente a estructuras criminales, incluyendo organizaciones narco, según denuncias que han salido a la luz en las últimas semanas.
Una viuda y sus hijos han denunciado por más de 50 años el despojo de sus tierras, hoy administradas por el ICT en lo que se conoce como el proyecto turístico de Papagayo. La familia Paniagua ha enfrentado una maquinaria estatal que, lejos de proteger, ha sido cómplice en la expropiación ilegítima de sus derechos patrimoniales y humanos.
El esquema denunciado calza con el modus operandi de lo que en Estados Unidos se ha catalogado como “sicariato económico”, lo que incluso motivó la creación de la Ley Magnitsky. Esta ley, impulsada tras las revelaciones de un abogado ruso, apunta directamente a las élites económicas que financian campañas políticas con el fin de secuestrar los poderes del Estado y convertirlos en instrumentos de represión, despojo y corrupción. La administración pública deja así de servir al pueblo para transformarse en un mecanismo de saqueo de tierras, cuentas bancarias, y derechos tan fundamentales como la libertad y la vida.
La finca en cuestión, ubicada en Guanacaste, genera miles de millones de dólares al año. Sin embargo, su administración no queda en manos del Estado costarricense, sino que es operada GENCOM GROUP desde Estados Unidos por una empresa inmobiliaria que maneja hoteles y residencias de lujo. Todo esto en terrenos cuya adquisición legal por parte del Estado no ha sido nunca debidamente acreditada, y sobre los que pesan múltiples denuncias de irregularidades administrativas.
El denunciante asegura que los recursos invertidos en estos desarrollos provienen de fondos públicos costarricenses, pero los ingresos y cobros se manejan fuera del país. Esto abre la puerta a una preocupante hipótesis: los recursos podrían estar siendo canalizados hacia paraísos fiscales o utilizados para el lavado de dinero en beneficio de grupos criminales con influencia dentro de Costa Rica.
En vista de la gravedad de los hechos y de la creciente infiltración del crimen organizado en las estructuras políticas, se ha presentado una denuncia formal ante el FBI de los Estados Unidos. En ella se señala a expresidentes, ministros y otros altos funcionarios costarricenses. Bajo el amparo de la Ley Magnitsky y con la participación activa de la DEA en territorio nacional, esta investigación podría traducirse en la suspensión de visas y el congelamiento de cuentas bancarias en EE.UU., así como en solicitudes de arresto para costarricenses implicados.
Además, se ha documentado la participación de extranjeros vinculados al financiamiento de partidos políticos en Costa Rica, algunos provenientes de países considerados una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Esto podría escalar el caso hasta los niveles más altos del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., encuadrándolo dentro de su lucha contra redes de financiamiento terrorista.
Los delitos señalados son de máxima gravedad: prevaricato, sicariato económico, desvío de fondos públicos y posible lavado de dinero al servicio del narcotráfico internacional. De comprobarse, este caso marcaría un antes y un después en la historia política y judicial de Costa Rica.
La lucha por recuperar las tierras de Papagayo no es solo una batalla legal. Es el enfrentamiento de una familia contra un Estado capturado. Es David contra un Goliat blindado por el poder económico y político. Pero como bien advierten los denunciantes: aquellos que no creen en la justicia divina deberán enfrentarse tarde o temprano al juicio de quien nunca ha perdido una sola batalla. La justicia de los hombres puede fallar, pero la otra no.
Y mientras todo esto ocurre, ¿dónde está la prensa? ¿Dónde están los tribunales? ¿Dónde están las autoridades encargadas de garantizar la probidad y la transparencia? La respuesta es vergonzosa: callan, encubren o simplemente miran hacia otro lado.
Igual que en el caso del exmagistrado Celso Gamboa, fue la denuncia internacional y el trabajo de periodistas valientes como Camilo Rodríguez lo que empujó a abrir los ojos. Será, una vez más, gracias a la presión de medios extranjeros y a la intervención de autoridades estadounidenses, que los costarricenses sabremos hasta qué punto la corrupción ha podrido las raíces del sistema.
