¿Disolver sindicatos o proteger derechos adquiridos? El verdadero riesgo en Costa Rica
Los derechos laborales también son derechos humanos. En Costa Rica se está configurando un escenario alarmante para los derechos laborales y la democracia sindical. La solicitud de la UCCAEP en el 2019 para disolver la ANEP no es un simple gesto simbólico, es un acto político que busca debilitar el derecho de organización. A eso se suma un intento reciente del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica por eliminar un acuerdo directo firmado con sus trabajadores. Ambos hechos reflejan una ofensiva cada vez más agresiva contra el sindicalismo en el país.
La UCCAEP, la principal cúpula empresarial del país, solicitó al Ministerio de Trabajo la disolución de la ANEP, acusando al sindicato de acciones contrarias al orden democrático por su participación en huelgas y bloqueos. La petición fue rechazada por carecer de base legal: solo un tribunal puede disolver un sindicato mediante sentencia firme. Sin embargo, el intento deja clara una intención: silenciar una de las voces más críticas del país en defensa de los trabajadores.
El caso del Colegio de Contadores Privados es igual de preocupante. El patrono intentó, a través de una acción de inconstitucionalidad, eliminar beneficios laborales establecidos desde hace décadas mediante un acuerdo directo. La Sala Constitucional rechazó la acción, pero el hecho de que se intentara despojar de derechos adquiridos a los trabajadores por la vía judicial revela hasta qué punto se está dispuesto a erosionar conquistas laborales.
Todo esto ocurre en un ambiente cargado de desprecio hacia el sindicalismo. En redes sociales, líderes sindicales como Albino Vargas han sido objeto de campañas de odio, desinformación y ataques sistemáticos. Se les señala como enemigos del progreso o como obstáculos para el crecimiento económico. El debate ha dejado de ser técnico o legal y se ha convertido en una cruzada ideológica que busca destruir la imagen del sindicalismo en la opinión pública.
Esta tendencia no es casual. Cuando se deslegitima a los sindicatos, se debilita la capacidad de los trabajadores para defender sus derechos. Cuando se plantea públicamente la disolución de organizaciones sindicales por razones políticas, el país se aleja del estado de derecho y se acerca peligrosamente a prácticas autoritarias.
A esta ofensiva antisindical se suma otro frente igual de alarmante: los reiterados intentos por imponer jornadas laborales de 12 horas en el país. Bajo la excusa de “modernizar” el empleo, se pretende normalizar esquemas que reducirían drásticamente el tiempo que padres y madres pueden dedicar a sus hogares. En un contexto nacional donde el crimen organizado gana terreno, la trata de personas acecha comunidades vulnerables, la educación pública sufre retrocesos y el consumo de drogas entre la juventud va en aumento, la presencia de los adultos responsables en casa no es un lujo, es una necesidad urgente. Imponer jornadas extenuantes no solo precariza el trabajo, sino que rompe el tejido familiar justo cuando más se necesita fortalecerlo. Este modelo de desarrollo, disfrazado de eficiencia, oculta una profunda indiferencia ante las verdaderas amenazas que enfrenta la sociedad costarricense.
La pregunta de fondo no es si la ANEP incomoda, o si un acuerdo laboral genera costos. La pregunta es: ¿queremos un país donde los derechos laborales se respeten y se negocien en igualdad de condiciones, o uno donde la fuerza económica defina quién tiene voz?
Lo que está en juego no es solo el futuro del sindicalismo. Es la calidad de nuestra democracia.
Los derechos laborales también son derechos humanos