La neutralidad presidencial no es opcional
Opinión | El reciente fallo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que declara con lugar el recurso de amparo interpuesto por Claudio Alpízar Otoya contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, no solo constituye un llamado de atención institucional, sino una advertencia directa al corazón de la democracia costarricense: la equidad electoral no es negociable.
La resolución del TSE, contundente y firmada por unanimidad, reconoce que el mandatario usó reiteradamente su investidura y los medios oficiales del Ejecutivo para promover una narrativa política que favorece a sus aliados y a un eventual proyecto de continuidad. Esto, según el Tribunal, vulnera derechos fundamentales tanto del denunciante como del electorado.
No se trata de una interpretación subjetiva ni de un exceso de formalismo jurídico. El TSE fue claro: el Presidente alteró la equidad de la contienda electoral, afectó la libertad del sufragio y puso en peligro la libre determinación de los votantes. Que esta conducta haya ocurrido antes del período oficial de campaña no la vuelve legítima. La equidad y la neutralidad política deben regir siempre, no solo durante unos meses específicos.
El Tribunal también desarmó el argumento de que todo puede decirse bajo el paraguas de la rendición de cuentas. No. Utilizar el poder de la presidencia para influir en las preferencias electorales es una práctica inaceptable, por más envoltorio institucional que se le dé. Y más aún si esa narrativa incide en un electorado que, como reconoció el propio TSE, toma en cuenta las palabras del presidente a la hora de formarse una opinión política.
El mensaje es claro: el poder Ejecutivo no puede jugar con ventaja en una contienda democrática. No puede inclinar la balanza ni siquiera con insinuaciones, mucho menos desde la plataforma de una conferencia oficial. El presidente no es comentarista político. Es jefe de Estado y como tal debe garantizar el piso parejo, no erosionarlo.
El TSE no acusó a Chaves de beligerancia política en esta etapa, pero lo dejó advertido: cualquier desobediencia a la orden de neutralidad puede derivar en consecuencias penales. Ya no se trata solo de advertencias: hay un fallo firme, vinculante y con consecuencias legales.
Este no es un debate entre oficialismo y oposición, ni entre izquierda y derecha. Es un tema de legalidad y de principios democráticos básicos. Si el Presidente insiste en romper las reglas del juego, estará dinamitando desde adentro la legitimidad del próximo proceso electoral.
El respeto a la neutralidad no es una sugerencia. Es una obligación constitucional. Y quien la viola, debe enfrentar las consecuencias. Así de simple.
