El caso Papagayo y la estructura de corrupción que carcome al Estado costarricense
Opinión | Costa Rica enfrenta uno de los escándalos más serios en materia de corrupción institucional y violación de derechos fundamentales: la aparente expropiación irregular de una finca durante el gobierno de Rodrigo Carazo, sin decreto, sin pago, sin legalidad. Una finca que terminó en manos de inversionistas a través del ICT, convertida hoy en un paraíso de hoteles y viviendas de lujo, administradas desde Estados Unidos. Detrás, una familia costarricense reclama lo que por derecho es suyo, mientras el aparato estatal guarda silencio.
Según denuncias presentadas, incluso al Buró Federal de Investigación (FBI), no solo se trata de omisión por parte del Poder Judicial, sino de un entramado que podría involucrar desvío de fondos públicos, lavado de dinero y transferencia de capitales a paraísos fiscales. Todo con la aparente complicidad de funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial y entes autónomos, bajo un mismo patrón: proteger a los grandes mientras se atropella al ciudadano común.
Este no es un caso aislado. La ex presidenta del Banco Central ya había advertido del uso del sistema financiero para lavar dinero destinado a campañas políticas. Y mientras esto ocurre, los costarricenses ven cómo sus denuncias quedan archivadas y cómo las instituciones responsables de impartir justicia actúan con una lentitud sospechosa.
El arresto reciente de Celso Gamboa, ex jerarca de la DIS y del Poder Judicial, es un punto de quiebre. Su paso por estas instituciones clave deja muchas interrogantes abiertas, sobre todo tras conocerse vínculos con estructuras del crimen organizado, uso indebido de recursos públicos como un GPS para seguir a un allegado de un diputado, y nexos con gobiernos extranjeros cuestionados como el de Venezuela.
En este contexto, cabe preguntarse si Costa Rica necesita una herramienta como la Ley Magnitsky: una legislación que no solo sanciona a corruptos, sino que congela bienes y visas de quienes usan el poder para robar y reprimir. Porque esto ya no es un asunto de ideologías ni de partidos: es una estructura de corrupción donde políticos, empresarios y funcionarios actúan como una mafia.
Y aunque algunos desestimen estos hechos como teorías conspirativas, los hechos son claros: propiedades usurpadas, recursos públicos desviados, funcionarios corruptos y una justicia que no actúa. La finca de la familia Paniagua es solo un símbolo de todo lo que está mal. El tiempo dirá cuántos más caerán, cuántos más serán extraditados, y si finalmente se rompe el ciclo de impunidad que permite a los poderosos delinquir sin consecuencias.
Porque en esta Costa Rica de hoy, el crimen no solo tiene rostro, también tiene toga, investidura y cuenta bancaria en el extranjero.
