La sanción al Fiscal General: una señal de alerta institucional

Opinión | La sanción al Fiscal General: una señal de alerta institucionalLa Corte Suprema de Justicia ha tomado una decisión contundente y unánime: sancionar disciplinariamente al Fiscal General de la República por una causa que pone en entredicho los principios fundamentales de ética, transparencia y responsabilidad pública. El hecho de que los 22 magistrados y magistradas hayan coincidido en la necesidad de sanción no es menor; es una declaración clara de que las relaciones personales no pueden interferir con la función pública.

Según el comunicado oficial, el Fiscal General omitió informar oportunamente sobre un evidente conflicto de intereses relacionado con las prórrogas de nombramiento de una funcionaria con la que mantenía una relación sentimental. Esa omisión, por sí sola, representa una grave falta a la confianza que debe caracterizar el ejercicio de un cargo tan delicado.

Aunque la sanción decidida fue una amonestación escrita —y no una suspensión temporal como propusieron seis de los magistrados— el mensaje institucional es fuerte: incluso en las más altas jerarquías del aparato judicial, nadie está por encima del deber de transparencia.

Sin embargo, más allá del caso puntual, esto debe abrir una discusión mayor: ¿cuáles son los mecanismos internos para detectar y prevenir este tipo de situaciones antes de que afecten la credibilidad del Poder Judicial? ¿Se están tomando medidas para garantizar que el interés público no se vea comprometido por vínculos personales, favores institucionales o silencios convenientes?

Aunque el Fiscal fue exonerado en los otros dos aspectos relacionados con viajes al extranjero por parte de la misma funcionaria, eso no borra la falta original. La sanción fue por un acto claro: no informar un conflicto de intereses que afectaba directamente sus decisiones administrativas. Un Fiscal General, como máxima figura del Ministerio Público, debe estar por encima de cualquier sombra de duda. No basta con cumplir la ley; debe dar el ejemplo.

El Poder Judicial debe fortalecer sus procesos de control y sanción interna. Porque cuando quienes deben defender la legalidad caen en faltas éticas, todo el sistema pierde legitimidad ante los ojos de la ciudadanía. Este caso nos recuerda que la rendición de cuentas no es opcional, y que la justicia empieza por casa.