Silencio oficial y exclusión científica: el crimen organizado se abre paso donde no hay debate

Costa Rica no solo dejó fuera a sus principales científicos marinos de la Conferencia de la ONU sobre los Océanos. También dejó afuera el debate. Y eso, en el contexto político actual, es mucho más grave de lo que parece.

La denuncia del Parlamento Cívico Ambiental no es menor. El retiro de acreditaciones a investigadores como la Dra. Cindy Fernández, el Dr. Jorge Cortés y el Dr. Juan José Alvarado —con trayectoria nacional e internacional— revela una práctica peligrosa: se impone la decisión política sin discusión, sin razones claras, sin rendición de cuentas. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué? ¿A quién se incluyó y con qué criterios?

El Gobierno no responde. Y ese silencio se ha vuelto norma.

En un país donde el crimen organizado ha aprendido a infiltrarse en estructuras institucionales, la falta de debate se convierte en su mejor aliada. No necesita convencer ni imponer: le basta con que no se hable, con que se excluya a quien fiscaliza, a quien cuestiona, a quien sabe demasiado. Silenciar a la ciencia, cerrar espacios técnicos, deslegitimar la participación ciudadana: todo eso favorece a quienes operan desde las sombras.

La política exterior costarricense se ha proyectado durante años como una defensora del multilateralismo y la sostenibilidad. Pero internamente, las señales contradicen ese discurso. ¿Cómo se puede hablar de liderazgo en gobernanza oceánica cuando se margina a los expertos que han construido precisamente ese liderazgo?

Lo que hoy denuncian las organizaciones del Parlamento Cívico Ambiental no es solo una torpeza diplomática. Es un síntoma más de un modelo de gestión que expulsa la evidencia, desactiva el control ciudadano y evita la deliberación pública. Y donde no hay debate, crece la impunidad. Se debilita el Estado. Avanza el crimen.

Por eso urge la convocatoria a una audiencia pública, como lo solicitan estas organizaciones, con participación del MINAE, la Cancillería, los científicos excluidos y representantes de la sociedad civil. No solo para esclarecer responsabilidades, sino para frenar una tendencia que ya amenaza con normalizarse: gobernar desde la exclusión, sin preguntas ni respuestas.

Porque donde no hay diálogo, la democracia se reduce a discurso.
Y donde la democracia se apaga, otros intereses llenan el vacío.

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