Denuncia presentada ante el FBI podría derivar en nuevas suspensiones de visas a funcionarios costarricenses
San José, Costa Rica – Una denuncia presentada ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) por el abogado Frank Paniagua podría generar nuevas repercusiones diplomáticas y legales para funcionarios y exfuncionarios públicos de Costa Rica, incluyendo la posible revocación de visas estadounidenses.
La acusación se centra en el presunto robo de una finca originalmente adquirida por el padre del abogado, en la cual —según Paniagua— se han invertido millones de dólares en fondos públicos provenientes del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). En el terreno, asegura, se han construido mansiones de lujo y hoteles, mediante mecanismos que habrían incluido la creación de un registro de conseciones paralelo, lo que dificultaría la trazabilidad de los verdaderos propietarios.
Paniagua afirma contar con documentos originales de la compra, así como con el número de expediente inscrito en el Registro Público que respalda su versión.
El abogado compara este caso con los hechos que motivaron la creación de la Ley Magnitsky en Estados Unidos, la cual se diseñó para sancionar a funcionarios extranjeros involucrados en corrupción o violaciones a derechos humanos. La ley fue impulsada tras revelarse que en Rusia un grupo de empresarios utilizó al Estado para expropiar ilegalmente propiedades y desviar fondos al extranjero, con fines políticos y personales.
En el caso costarricense, Paniagua sostiene que los ingresos generados por las tierras en disputa estarían siendo administrados desde Estados Unidos, y que podrían estar siendo transferidos a paraísos fiscales a través de una empresa registrada en ese país. Además, señala que podrían existir otros terrenos en situaciones similares, lo que requeriría una investigación más amplia sobre el uso y destino de fondos públicos.
El abogado también cuestiona la falta de control político en torno a estas inversiones, afirmando que se estarían manejando sumas cercanas a los mil millones de dólares anuales sin supervisión legislativa. Según su denuncia, la información ya fue entregada a la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica.
Finalmente, Paniagua expresa que en el país ha sido víctima de omisión judicial, lo que implicaría que incluso el Poder Judicial podría estar vinculado a actos de corrupción y cohecho.
De confirmarse estos señalamientos, funcionarios, expresidentes, jueces y otros actores públicos que se hayan beneficiado o participado en estos procesos podrían enfrentar sanciones, incluida la pérdida de visas o propiedades si estas se encuentran en territorio estadounidense.
