Ley Total | Cohecho

Uno de los delitos que con mayor gravedad que ataca nuestro país, es el cohecho. Esta figura jurídica, comúnmente asociada con la corrupción y cercada al ejercicio del poder político, implica la entrega o aceptación de beneficios indebidos a cambio de favores en el ejercicio de una función pública. Es, en esencia, el soborno en su forma más pura. Regulado en el Sección Segunda, Corrupción de funcionarios, articulo 347, referido a cohecho impropio y el articulo 348 el delito de cohecho propio, división que abordaremos en otro momento.

El cohecho impropio lo comete quien recibe dadiva de un tercero para hacer un acto propio de sus funciones; mientras, el delito de cohecho propio, quien recibe dadiva de un tercero para hacer un acto contrario a sus funciones o no hacerlo o retardarlo; se configura cuando es el propio funcionario quien solicita o acepta ese beneficio, consciente de que está traicionando el deber de su cargo.

El cohecho, tiene efectos ruinosos en la sociedad, porque mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sino que deforma la toma de decisiones públicas, afectando la distribución de recursos del Estado y favorece la impunidad.

 En muchos de estos casos, la línea entre lo público y las empresas privadas, dejando en evidencia una cultura de impunidad arraigada, en nuestro país existen varios casos escandalosos, en los que interviene políticos de todos los niveles u paridos políticos. Por ejemplo, cuando un policía ¨perdona una multa a cambio de dinero en efectivo o en depósito, como se ve ahora.

Frente a esto, la respuesta del sistema judicial es lenta y los organismos de control, no dan abasto, aunque todos esperamos que debe ser firme. La imposición penas, es la razón fundamental, pero no suficiente. La prevención juega un rol clave: fortalecer los mecanismos de control interno, garantizar la independencia judicial, proteger a denunciantes y fomentar una educación ética en todos los niveles del sistema educativo, este último a largo plazo.

La Fiscalía General de la República, la Procuraduría de la Ética Pública y la Contraloría General desempeñan un papel clave en la prevención, investigación y sanción de estos hechos, aunque en la práctica eso no sucede. la lucha contra el cohecho también depende de una ciudadanía activa y alerta, competente de denunciar irregularidades y demandar rendición de cuentas.

En los últimos años, la ciudadanía ha jugado un papel crucial. La coacción social, las investigaciones periodísticas y el uso de materiales digitales han permitido exponer casos que de otro modo hubieran permanecido ocultos. Esta participación del ciudadano, es una señal de madurez democrática y una muestra de que la lucha la corrupción es constante.

El camino hacia una Administración Pública ajena de corrupción es largo y obscuro, pero indispensable. El combate exige voluntad política, leyes eficaces y, sobre todo, una ciudadanía vigilante que no tolere la traición del interés común por beneficios particulares.

Abogado Melvin G. Morera Venegas