Prácticas soviéticas replicadas por el Foro de São Paulo podrían estarse repitiendo en Costa Rica
El uso del Estado como herramienta de extorsión para beneficiar a inversionistas vinculados al partido oficialista, y el levantamiento de cargos judiciales para perjudicar a quienes se desea despojar de propiedades, empresas u otros bienes, fue la práctica denunciada por un empresario estadounidense tras la muerte de su abogado en Rusia. Este abogado había expuesto el modus operandi de los llamados “sicarios económicos” ligados al gobierno ruso en el 2009.
Una lista de 40 empresarios salió a relucir en dicha denuncia, lo que llevó al gobierno de Estados Unidos a impulsar la conocida Ley Magnitsky en el 2012, que permite el bloqueo de cuentas bancarias y propiedades de personas involucradas en el saqueo de la riqueza de un país.
Un caso similar denuncia el abogado Frank Paniagua Mendoza, relacionado con las tierras de Papagayo, una finca que, según afirma, pertenecía a su padre desde que él era niño, y que habría sido arrebatada mediante complejos procesos legales que podrían incluir actos de prevaricación, en beneficio de grupos ligados al poder político.
Conozcamos un poco de esta historia.
Sucesorio de Frank Paniagua Mendoza asegura tener 99,99 % de probabilidades de ganar caso contra el Estado costarricense. La familia Paniagua denuncia presunta usurpación estatal de la hacienda Los Palmares y afirma que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Estado solo tienen un 0,01 % de posibilidad legal de ganar el caso judicial 24-6142-1027-CA.
El sucesorio del ciudadano Frank Paniagua Mendoza presentó una denuncia pública en la que expone diez razones por las cuales aseguran tener una abrumadora probabilidad de ganar el proceso judicial número 24-6142-1027-CA, en disputa contra el Estado costarricense y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), por los derechos sobre la hacienda Los Palmares.
De acuerdo con el documento firmado por el Lic. Frank Paniagua, el Estado y el ICT estarían ocupando ilegalmente la propiedad desde hace décadas, tras una presunta usurpación forzada ocurrida contra la viuda e hijos de Manuel Paniagua.
Entre los principales argumentos, el sucesorio indica:
- Existencia de escrituras que acreditan posesión legítima desde 1953, incluyendo derechos transferidos por la empresa La Culebra S.A.
- Denuncia de usurpación forzada, un delito que según alegan, no prescribe.
- Derecho a reivindicación del inmueble, con base en los artículos 285, 306, 317, 319 y 324 del Código Civil.
- imprescriptibilidad de la propiedad privada, respaldada por la Constitución Política.
- Prohibición al Estado de usucapir propiedad privada, como lo establece el artículo 320 del Código Civil.
- Falta de pruebas válidas por parte del Estado e ICT, y cuestionamientos sobre escrituras obtenidas mediante “informaciones posesorias falsas” por terceros.
- Vicios de forma en la aprobación de la Ley 6370, al no haber sido votada con los 38 votos requeridos constitucionalmente.
- Aprobación irregular de la Ley 6758, según afirma el denunciante, sin registros de votación.
- Prioridad del legítimo propietario sobre inscripciones registrales, conforme al artículo 479 del Código Civil.
- Naturaleza privada de la hacienda Los Palmares, que excluye su clasificación como bien demanial.
Según el denunciante, todas las adquisiciones realizadas por el ICT desde 1981 carecen de validez legal, por haberse realizado fuera del plazo permitido por la ley 6370 y sin los requisitos de expropiación correspondientes. Además, afirma que las fincas adquiridas por el ICT pertenecían a empresas vinculadas con terceros que nunca tuvieron posesión legítima del terreno.
Finalmente, el documento concluye que el único posible obstáculo para un fallo favorable al sucesorio sería un eventual prevaricato judicial, al considerar que “los jueces pueden fallar sin responsabilidad alegando independencia y libertad de criterio”, aunque insiste en que “todos los funcionarios públicos están sometidos a la ley”.
La disputa gira en torno a más de 1.000 hectáreas de terreno, incluyendo parte de la zona marítimo terrestre, ubicadas en la zona conocida como Papagayo, Guanacaste.
Costa Rica requiere de herramientas constitucionales para llevar a celdas a funcionarios públicos de altos cargos en los poderes del estado, de aquellos que se esconden tras la inmunidad convirtiendola en impunidad. Muchas practicas que benefician a los financistas de partidos políticos son parte del modus operandi de los sicarios economicos, entenderlos y estar atentos es una responsabilidad de todo ciudadano.
Fuente: Lic. Frank Paniagua.
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Nota recibida por de el Lic. Fran Paniagua.
