Gobierno convoca Reserva de la Fuerza Pública durante un año un contexto político y judicial delicado

E l Gobierno de la República convocó formalmente a la Reserva de las Fuerzas de Policía para reforzar las labores de seguridad ciudadana a nivel nacional. La medida fue oficializada mediante el decreto N.º 712-P, firmado por el presidente Rodrigo Chaves, y regirá desde el 15 de mayo de 2025 hasta el 1.º de mayo de 2026.

La convocatoria es de carácter transitorio y bajo la modalidad ad honorem. Según el decreto, la acción responde a la necesidad de fortalecer la vigilancia, prevención y atención en situaciones que comprometan la seguridad pública. Los reservistas estarán bajo el mando directo del ministro de Seguridad Pública y trabajarán de forma coordinada con la Fuerza Pública.

Entre las funciones asignadas figuran la protección de los derechos y bienes de la población, intervención en emergencias, desastres, disturbios, eventos masivos y tareas ambientales. Asimismo, tendrán participación en tareas electorales según lo determine el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El decreto también contempla la vigilancia del transporte de madera y recursos forestales, conforme al Decreto Ejecutivo N.º 30494-MINAE-MOPT-SP, incluyendo la obligación de reportar cualquier irregularidad a las autoridades correspondientes.

La acción se fundamenta en las facultades que la Constitución Política y la Ley General de Policía otorgan al Presidente como mando supremo de la Fuerza Pública.

Por su parte, el TSE asume el control de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito en el momento en que convoca oficialmente a elecciones nacionales o referéndums, con el fin de garantizar condiciones de seguridad y libertad durante los procesos electorales. Una vez concluidas dichas actividades, el mando regresa al Poder Ejecutivo en ceremonia oficial.

Análisis de riesgos sobre la convocatoria a la Reserva de la Fuerza Pública

La convocatoria a la Reserva de la Fuerza Pública se da en un contexto político y judicial delicado para el presidente Rodrigo Chaves, quien enfrenta acusaciones formales de corrupción que podrían derivar en su enjuiciamiento. Esta situación podría genera una fuerte tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

El decreto, aunque legalmente respaldado, presenta riesgos importantes:

• Concentración de poder: La ampliación del uso de la Reserva puede fortalecer el control del Ejecutivo sobre cuerpos policiales, afectando la separación de poderes.
• Posible uso político: En el contexto actual, existe el riesgo de que la Reserva sea utilizada para presionar a instituciones o sectores críticos, lo que pondría en duda su neutralidad.
• Pérdida de confianza: La ciudadanía podría percibir esta medida como un intento de fortalecer al gobierno en medio de una crisis institucional, generando desconfianza hacia las fuerzas de seguridad y el Estado en general.

Por estas razones, es clave que la actuación de la Reserva se mantenga estrictamente dentro del marco constitucional y que las autoridades garanticen transparencia y respeto a las instituciones democráticas para evitar que la medida derive en un desgaste institucional mayor.

Esperamos que esta medida no se traduzca en un estado policial ni en un uso político de la fuerza, sino que se limite a fortalecer la seguridad ciudadana dentro del marco constitucional y respetando la independencia de las instituciones.

Imágen de portada con fines ilustrativos.