Quitar al pobre para dar al pobre es el verdadero costo de la economía jaguar
Opinión | Costa Rica | En febrero de 2024, Bank of America Securities calificó a Costa Rica como una “economía jaguar” en un análisis dirigido a inversionistas institucionales interesados en deuda soberana. La comparación con los tigres asiáticos era una categoría de mercado, no un respaldo político. El gobierno de Rodrigo Chaves la convirtió en el eje de su narrativa: pines ministeriales, bandera partidaria, nombre de un proyecto de ley. El jaguar dejó de ser un diagnóstico financiero para volverse símbolo oficial.
Los indicadores que sustentaron el relato no eran ficticios. La deuda bajó de 66,5% a 58,9% del PIB entre 2020 y 2024; hubo superávit primario tres años consecutivos, algo no visto desde 2006-2008; el crecimiento superó el 4% anual. Eso es real y merece reconocimiento.
El problema es lo que quedó fuera de la celebración. Buena parte del dinamismo provenía de factores coyunturales: el rebote pospandemia, la expansión concentrada de dispositivos médicos y el adelanto de pedidos desde Estados Unidos por los aranceles de 2025. La apreciación del colón—superior al 30%—redujo el valor en colones de la deuda en dólares, mejorando los indicadores sin tocar los problemas de fondo: rigidez del gasto, exoneraciones fiscales, pasivos actuariales de la CCSS.
El propio Bank of America corrigió su lectura. Su nuevo informe, Costa Rica: Exporters’ Hurdles, advierte sobre pérdida de competitividad, menor dinamismo exportador y empresas que reducen jornadas o reconsideran inversiones. Cuando el banco advirtió que la “Ley Jaguar” podía debilitar controles fiscales, el gobierno descalificó públicamente a sus analistas.
Y cuando la coyuntura se agotó, el problema regresó. Al cierre de 2025 la deuda volvió a superar el 60% del PIB; el FMI advirtió en 2026 y el país regresó al debate fiscal que se pudo anticipar. Hacienda proyecta que los ingresos tributarios caerían del 13,4% al 10% del PIB.
El ajuste que regresó no se hizo revisando la estructura del gasto ni buscando ingresos sostenibles. Se hizo recortando. Un análisis del Semanario Universidad documenta que el gobierno anterior llevó los recortes de inversión social a sus niveles más bajos y usó el “ahorro” en el pago de deudas de la CCSS para mostrar superávit primario. Ese es el modelo: el éxito fiscal se construyó, en parte, sobre el sacrificio de programas sociales.
Por eso el recorte de ₡70.000 millones a CEN-CINAI y vivienda no es un accidente presupuestario ni una decisión aislada. Es la consecuencia lógica de un relato que proclamó éxito estructural cuando solo había una buena racha, y que ahora, sin reformas de fondo, regresa al ajuste por la vía que menos resistencia política ofrece: la de quienes no pueden defenderse.
La economía jaguar fue la bandera política del gobierno de Rodrigo Chaves: crecimiento, estabilidad y disciplina fiscal. Cuando se examinan las decisiones presupuestarias, surge una pregunta incómoda: ¿quién paga el costo de sostener ese modelo?
En julio de 2026, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un presupuesto extraordinario con una reducción de ₡70.000 millones en dos rubros de alto impacto social, según reportó CR Hoy:
- ₡40.000 millones menos para los CEN-CINAI, destinados a cubrir el déficit del Régimen No Contributivo de pensiones de la CCSS.
- ₡30.000 millones menos para vivienda, vía reducción de la transferencia del BANHVI al FODESAF, con impacto en el FOSUVI.
La factura
El impacto no es especulación. El propio BANHVI advirtió que el recorte de ₡30.000 millones podría dejar sin bono de vivienda a unas 2.400 familias, tanto de bono ordinario como en extrema necesidad (CR Hoy, 2 de julio de 2026).
En CEN-CINAI, la reducción de ₡40.000 millones afecta servicios de nutrición, alimentación y atención integral de la niñez. La pregunta no es retórica: ¿qué servicios se recortan, con qué criterio y qué medidas garantizan su continuidad?
Quitar al pobre para dar al pobre no es una solución: es un dilema que se traslada
El argumento oficial es simple: el Régimen No Contributivo atiende a población en pobreza extrema y su déficit es real. Nadie discute que esas pensiones deban pagarse.
Pero ese argumento, llevado a su conclusión, no resuelve el problema: lo desplaza. Si para financiar a un grupo en pobreza se recortan alimentos y atención infantil a otro grupo en pobreza, y bonos de vivienda a familias en extrema necesidad, no se está protegiendo la protección social: se está decidiendo qué pobreza importa más. Y esa decisión —política, no técnica— no se justifica sola con la urgencia del destino.
Hay un segundo problema, más grave: el traslado no garantiza que el dinero llegue íntegro a quien se dice que llega. Que ₡40.000 millones se “destinen” al déficit del Régimen No Contributivo no equivale a demostrar que ese gasto sea eficiente, que no existan fugas, ni que el monto sea el mínimo necesario. La ciudadanía tiene derecho a exigir esa prueba antes de aceptar que el costo lo paguen niños y familias sin vivienda.
Y hay un tercero: no se documentó públicamente una evaluación de alternativas. Reordenamiento de gasto, priorización dentro del propio régimen, ingresos adicionales: ninguna aparece discutida en la información disponible. La ausencia de ese debate es lo que convierte un problema fiscal en una decisión arbitraria.
La responsabilidad
La fracción de Pueblo Soberano aprobó el presupuesto en segundo debate el 16 de julio de 2026, sin respaldo del bloque democrático. Diputados del PLN acudieron a la Sala Constitucional por el procedimiento utilizado (La Nación, 23 de junio de 2026); una consulta no equivale a una declaración de ilegalidad, pero sí revela que el trámite no fue pacífico.
A esto se suma una pregunta que el oficialismo no ha respondido: si el modelo económico es tan exitoso, ¿por qué su primera respuesta ante un faltante es recortar programas sociales en lugar de revisar la estructura del gasto?
El indicador que importa
La estabilidad fiscal es necesaria. Costa Rica debe administrar con responsabilidad sus ingresos y obligaciones. Pero la disciplina no se evalúa solo en cifras agregadas: importa cómo se distribuyen los costos y sobre quién recaen.
Una economía puede mostrar indicadores macroeconómicos favorables y, a la vez, dejar bajo presión el financiamiento de servicios sociales. Proclamar el éxito económico no exime de explicar las prioridades presupuestarias.
Si la economía jaguar representa el éxito de un modelo, ese éxito debe medirse no solo por sus indicadores, sino por su capacidad de mejorar la vida de la gente. Y cuando el ajuste obliga a elegir entre necesidades sociales igualmente urgentes, la ciudadanía tiene derecho a saber quién decidió, qué alternativas existían, si el dinero llegará a su destino y quién asumirá las consecuencias.
Esa es la pregunta que ninguna administración debería evadir.
