Laura Fernández plantea una “Tercera República” en medio de la crisis institucional del país
Una Tercera República no puede construirse sobre la fe ciega en el poder. Durante su discurso de toma de poder, la presidenta Laura Fernández afirmó que impulsará una “Tercera República”. La frase tiene un enorme peso político e histórico, especialmente en un momento donde Costa Rica enfrenta una crisis de violencia, pérdida de confianza institucional e infiltración creciente del crimen organizado en espacios de poder.
La idea de transformar el Estado puede resultar atractiva para una población cansada de corrupción, impunidad y estructuras políticas desacreditadas. Pero precisamente por el momento que atraviesa el país, cualquier intento de refundación institucional debe analizarse con extrema cautela.
Costa Rica ya no vive la realidad política de hace treinta años. Hoy el narcotráfico, el crimen organizado internacional y estructuras económicas con capacidad de influencia política forman parte de una amenaza real para las instituciones democráticas.
Ese es el principal peligro de hablar de una nueva república sin discutir antes los límites del poder.
Cuando una sociedad atraviesa crisis profundas, suele aparecer la tentación de depositar la confianza absoluta en liderazgos fuertes bajo la idea de que “esta vez será diferente”. El problema es que las constituciones y las reformas estructurales no deben diseñarse pensando únicamente en quienes hoy ocupan el poder, sino también en quienes podrían ocuparlo mañana.
Porque la silla presidencial que hoy puede estar en manos de un liderazgo popular, mañana podría terminar siendo utilizada por un gobernante autoritario, un grupo capturado por intereses criminales o una estructura política dispuesta a debilitar los contrapesos democráticos.
Por eso una eventual constituyente no puede construirse desde la fe política ni desde la radicalización de la opinión pública contra quienes cuestionen el poder. Una democracia sana necesita debate, oposición, controles institucionales y libertad para disentir sin ser señalado como enemigo político.
La concentración de poder siempre encuentra justificaciones cuando la población pierde confianza en las instituciones existentes. Y precisamente ahí es donde las democracias se vuelven más vulnerables.
Costa Rica necesita reformas profundas, sí. Pero también necesita mecanismos mucho más fuertes de responsabilidad política y judicial para quienes utilicen el Estado en beneficio propio, favorezcan estructuras criminales o actúen bajo conflictos de interés que lesionen el interés nacional.
El debate sobre una Tercera República debería incluir principios del derecho natural y del derecho comparado precisamente para impedir que el poder quede sin límites. Ninguna refundación institucional tiene sentido si no contempla consecuencias reales para funcionarios públicos que, por acción u omisión, faciliten corrupción estructural, captura institucional o penetración del crimen organizado dentro del aparato estatal.
Porque una democracia no se destruye únicamente por un golpe de Estado. También puede deteriorarse lentamente cuando la ciudadanía comienza a creer que cuestionar al poder es traicionar al país, y cuando el poder empieza a exigir confianza absoluta mientras reduce el espacio del debate público.
La historia demuestra que los pueblos no deben construir sistemas políticos basados en la esperanza de que siempre gobernarán los “correctos”. Deben construir instituciones capaces de resistir incluso a los peores.
Nuestra propuesta ciudadana que debería analizar todo costarricense https://gerardoledezma.com/propuesta-ciudadana/.