Denuncia contra Estella Chinchilla y el riesgo del humo político en vísperas electorales

Las democracias rara vez se rompen de un solo golpe. Más bien se desgastan cuando hechos excepcionales comienzan a normalizarse. En ese contexto debe leerse la denuncia penal presentada contra la comunicadora Estella Chinchilla, atribuida a un supuesto plan o conspiración contra el presidente de la República, y conocida públicamente a escasos días de un proceso electoral.

El punto de partida no es la culpabilidad o inocencia de la persona denunciada, asunto que corresponde exclusivamente al ámbito judicial. El problema democrático surge antes, en el terreno político y comunicacional: qué implica que una denuncia de esta magnitud se active, se divulgue y se amplifique en pleno clima electoral.

Costa Rica no es ajena a tensiones políticas, pero históricamente ha sido cautelosa en separar la seguridad del Estado del debate público. Por eso, la participación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad como origen de la denuncia introduce un quiebre relevante. Los servicios de inteligencia, incluso en democracias consolidadas, operan bajo una lógica distinta a la del control político o la discusión pública: su campo es la amenaza real, concreta y verificable, no la interpretación de discursos, opiniones o intercambios comunicacionales.

Cuando un órgano de inteligencia aparece vinculado a una denuncia contra una comunicadora, el mensaje que se proyecta no es neutro. No solo se judicializa un caso, sino que se securitiza el disenso, trasladándolo simbólicamente del terreno político al terreno del riesgo existencial para el Estado.

Este punto se vuelve aún más sensible si se observa el historial reciente. La DIS no logró advertir ni frenar la creación de la UPAD, una unidad instalada dentro de Casa Presidencial para el tratamiento de datos personales, cuya existencia fue conocida públicamente solo después de una fuerte polémica nacional y que terminó siendo declarada inconstitucional. Ese episodio dejó una pregunta abierta que nunca fue respondida del todo: ¿cómo una estructura de esa naturaleza pudo operar “en las narices” del aparato de inteligencia del Estado sin alertas previas?

Ese antecedente no es menor. Desde una perspectiva periodística, erosiona la credibilidad institucional y obliga a analizar con mayor rigor cualquier actuación posterior de la DIS en asuntos políticamente sensibles. No se trata de sospechar automáticamente de mala fe, sino de reconocer que la confianza pública se construye con coherencia, y que las fallas pasadas pesan cuando se invoca hoy una amenaza de máxima gravedad.

A partir de ahí, el efecto de la denuncia se expande más allá del caso concreto. En el ecosistema mediático y comunicacional, estos episodios funcionan como señales de advertencia. No es necesario que exista una condena, ni siquiera una imputación formal. Basta con que una comunicadora sea asociada públicamente a un supuesto atentado presidencial para que el resto del gremio empiece a recalibrar su conducta. El cálculo es simple: si esto le ocurre a una voz crítica, ¿qué tan seguro es seguir cuestionando?

Este fenómeno no es teórico ni especulativo. Está documentado en democracias que, sin ser dictaduras, atraviesan procesos de endurecimiento discursivo del poder. La autocensura no aparece como una orden explícita, sino como una respuesta racional al riesgo. Se evitan palabras, se suavizan críticas, se dejan temas fuera de agenda. El debate público se empobrece sin que nadie tenga que prohibir nada.

El contexto electoral agrava el problema. Las elecciones no son solo el acto de votar, sino el período previo en el que la ciudadanía forma criterio a partir de información, confrontación de ideas y fiscalización del poder. Cualquier acción estatal que desplace el eje desde el debate hacia el miedo distorsiona ese proceso. No porque cambie automáticamente resultados, sino porque reduce la pluralidad real del discurso.

En este escenario, el silencio o la pasividad de los contrapesos institucionales también forma parte del cuadro. No se trata de exigir pronunciamientos apresurados, sino de constatar que la ausencia de controles visibles refuerza la asimetría entre el poder del Estado y la vulnerabilidad del individuo denunciado. Cuando el aparato estatal actúa con rapidez y contundencia, pero los mecanismos de control político o jurídico permanecen en segundo plano, la balanza se inclina peligrosamente.

Nada de lo anterior implica negar al Estado su deber de investigar amenazas reales. Ese deber existe y es irrenunciable. El problema surge cuando el método elegido produce un impacto político mayor que la amenaza que dice combatir, o cuando la reacción parece desproporcionada frente a antecedentes recientes de omisiones mucho más graves.

Por eso, el debate que plantea esta denuncia no es jurídico en sentido estricto, sino democrático. ¿Qué estándares se aplican cuando el poder se siente cuestionado? ¿Dónde se traza la línea entre seguridad y control? ¿Qué costos está dispuesto a asumir el sistema político en términos de libertad de expresión para gestionar conflictos en momentos sensibles?

En ese marco, hablar de “humo político” no es una descalificación ligera ni una consigna vacía. Es una forma de nombrar una sospecha legítima: que la denuncia, más allá de su destino judicial, cumple una función política inmediata, alterando el clima electoral y enviando un mensaje disuasorio a quienes participan del debate público.

Las democracias no colapsan cuando se investiga, sino cuando se deja de cuestionar cómo y cuándo se investiga. Y es precisamente en vísperas electorales cuando esa pregunta se vuelve no solo válida, sino indispensable.