El derecho natural desnuda el uso del derecho positivo por grupos del crimen organizado.

Costa Rica se acostumbró a una idea cómoda de la democracia, una especie de fe cívica según la cual la existencia de leyes, procedimientos y elecciones bastaba para garantizar justicia, estabilidad y convivencia. Durante décadas, esa confianza tuvo fundamentos: instituciones con prestigio, alternancia pacífica, reglas más o menos claras y un consenso cultural básico sobre lo que era aceptable y lo que no lo era. Pero esa comodidad también incubó una fragilidad: la tendencia a confundir el cumplimiento formal de la norma con la realización efectiva del bien común. Esa confusión, que en tiempos normales puede parecer un detalle académico, se vuelve crítica cuando el país enfrenta presiones externas e internas capaces de torcer el sentido de la ley desde adentro, especialmente la presión del crimen organizado, que no necesita derogar constituciones para ganar poder, sino vaciar las instituciones de capacidad real.

El derecho positivo es la arquitectura visible del Estado. Son los códigos, los reglamentos, los presupuestos, los procedimientos, los votos, las mayorías y las firmas. Es indispensable, porque sin norma escrita no hay previsibilidad ni seguridad jurídica, y sin seguridad jurídica no hay economía ni convivencia. Pero el derecho positivo también es vulnerable: puede ser manipulado por quien controla la agenda, por quien domina la retórica, por quien captura un ministerio, por quien influye nombramientos, por quien compra voluntades, por quien amenaza, por quien financia campañas, por quien infiltra territorios, por quien entierra expedientes en burocracias infinitas, o por quien simplemente logra que la sociedad se acostumbre a vivir en degradación. El derecho natural, en cambio, es una vara distinta: no se reduce a lo que dice una ley, sino a lo que la ley debe proteger para ser moralmente legítima. En su núcleo, el derecho natural afirma que hay bienes primarios que anteceden a la norma: la vida, la dignidad humana, la libertad básica, la justicia como trato debido, la protección del inocente y el bien común como finalidad del poder. Cuando el derecho positivo se aparta sostenidamente de esos bienes, puede seguir siendo “válido” en términos formales, pero empieza a ser injusto y, por tanto, corrosivo.

Costa Rica está enfrentando una tensión que se ve en la calle y se siente en conversaciones cotidianas: la gente percibe que muchas cosas son “legales”, pero no son “justas”, y que esa brecha entre legalidad y justicia se está ensanchando. El derecho natural no se invoca para reemplazar la ley escrita por moralina, ni para imponer religiones o dogmas privados, sino para recordar algo básico: la autoridad política solo tiene sentido si protege el bien común y si resguarda los bienes primarios, empezando por la vida. En un contexto donde la violencia homicida se vuelve un indicador persistente de deterioro, donde el crimen organizado amplía su control territorial, donde los ciudadanos cambian rutinas por miedo, y donde la confianza pública se debilita, el debate ya no es solo sobre técnicas policiales o presupuestos: es sobre la finalidad del Estado. Un Estado que no logra proteger la vida, o que tolera el debilitamiento de su capacidad para protegerla, se acerca al punto en el que su legalidad se vuelve un cascarón.

A partir de ahí, aparece una pregunta incómoda, pero inevitable: si el derecho positivo permite, habilita o normaliza condiciones que facilitan la captura institucional por redes criminales, ¿podemos seguir llamando a eso un orden legítimo solo porque el trámite fue correcto? El derecho natural diría que no. Y no lo diría desde un impulso revolucionario, sino desde un criterio de autoconservación de la comunidad política. Una república no se defiende únicamente con elecciones periódicas; se defiende con instituciones que funcionan, con controles que no son cosméticos, con una ética pública mínima, con una ciudadanía que no abdica su criterio moral y con un sistema de justicia que no sea un teatro. Cuando se pierde esa combinación, el país puede seguir teniendo leyes, pero deja de tener autoridad moral.

En el lenguaje contemporáneo, muchas personas llaman a este fenómeno “golpe de Estado blando”, “erosión democrática”, “captura del Estado” o “degradación institucional”. Lo importante no es el nombre, sino el mecanismo. El golpe clásico se reconocía por su espectacularidad: tanques, cuarteles, suspensión de garantías, cierre del parlamento, censura abierta. El fenómeno moderno es distinto: se parece más a una erosión acumulativa. Un día se debilita una política pública esencial, otro día se normaliza un nombramiento dudoso, otro día se relativiza un escándalo, otro día se convierte lo excepcional en rutina, otro día se polariza el debate para que nadie mire lo estructural, otro día se coloniza un territorio por abandono estatal, otro día se pierde talento institucional, otro día se persigue selectivamente a unos y se ignora a otros, otro día la impunidad se siente como norma y no como excepción. Al final, las instituciones siguen existiendo, pero ya no cumplen su función. En términos del derecho natural, eso es una forma de usurpación moral: el poder conserva las formas, pero traiciona el fin.

Costa Rica, por su historia, no encaja fácilmente en moldes externos. No es Venezuela, no es Nicaragua, no es El Salvador, no es Guatemala. Tiene su propia cultura política, su propio equilibrio de poderes, su propio rol de la Sala Constitucional, su propio sistema electoral y su propio tejido social. Sin embargo, la singularidad nacional no inmuniza contra patrones universales. El crimen organizado, por ejemplo, funciona con lógicas universales: necesita control territorial, lavado de activos, corrupción pública, rutas seguras, impunidad, miedo social y debilitamiento de la cooperación institucional. No le interesa la filosofía política del país, le interesa la oportunidad. Y la oportunidad se construye cuando el Estado pierde capacidad o legitimidad. A veces la pérdida es por falta de recursos, a veces por mala gestión, a veces por decisiones mal diseñadas, a veces por omisiones, a veces por captura directa. En todos los casos, el resultado puede ser el mismo: la ley escrita sigue allí, pero la realidad social la desmiente.

Aquí es donde el derecho natural ofrece un lente especialmente útil para el periodismo de opinión, porque permite ordenar el debate sin depender de acusaciones penales que requieren prueba judicial. No hace falta afirmar que alguien cometió un delito para sostener que una sociedad está viviendo un proceso de degradación. Basta con señalar que el Estado está fallando en bienes primarios. El derecho natural plantea un estándar: si el Estado no protege vida y dignidad, y si no resguarda justicia básica, el orden se vuelve ilegítimo, aunque sea legal. Por eso, el periodismo que solo discute “si fue legal o no” puede quedarse corto, porque el deterioro institucional no siempre se expresa en ilegalidades visibles. Muchas veces se expresa en legalidades deformadas.

La discusión se vuelve más aguda cuando se observa cómo el derecho positivo puede ser reconfigurado por quienes controlan el poder formal. Si un sistema político llega a ser influido por intereses ilegítimos, esos intereses no necesitan violar la ley todos los días; pueden cambiarla. Pueden diseñar reglas de contratación más opacas, pueden debilitar controles internos, pueden recortar capacidades de fiscalización, pueden saturar de trabajo a instituciones para que fallen por agotamiento, pueden nombrar jerarquías que no lideren, pueden convertir lo estratégico en burocracia, pueden incentivar el silencio profesional, pueden desmoralizar a la función pública, pueden inducir a la ciudadanía a creer que “todo es igual” y que “no vale la pena”. Esa es la ruta de la captura: no la ruptura, sino el desgaste. Y cuando el desgaste se normaliza, la sociedad cae en una trampa moral: como todo parece legal, deja de exigir justicia; como la justicia parece imposible, baja el estándar; como baja el estándar, se amplía el espacio del poder arbitrario; y cuando el poder arbitrario se expande, la ley se convierte en instrumento del más fuerte.

Costa Rica también enfrenta un problema específico de nuestra época: la presión de la inseguridad sobre la psicología social. El miedo es un factor político poderoso. No solo cambia la conducta individual; cambia la tolerancia colectiva hacia medidas excepcionales, hacia discursos simplificadores, hacia soluciones rápidas y hacia la idea de que “la libertad es un lujo”. Cuando una sociedad se acostumbra a vivir con miedo, empieza a aceptar degradaciones institucionales que en tiempos de calma habría rechazado. El derecho natural advierte ese peligro, porque insiste en que la dignidad humana no se negocia por conveniencia. Un Estado puede prometer seguridad y entregar control; puede prometer orden y entregar arbitrariedad; puede prometer eficiencia y entregar impunidad selectiva. Ese es el punto donde el deterioro institucional se vuelve políticamente funcional: si la población cree que solo un poder sin contrapesos puede controlar el caos, entonces los contrapesos se convierten en estorbo. Y cuando los contrapesos se vuelven estorbo, el Estado de Derecho se desarma con aplausos.

El tema del crimen organizado agrava todo porque opera como un ácido: corroe lentamente, sin necesidad de mostrar su mano. La infiltración legislativa, si ocurre, no se evidencia siempre como “narco-diputados” declarados; se evidencia en patrones: proyectos que favorecen opacidad, omisiones persistentes para robustecer control financiero, desinterés en fortalecer investigación criminal y protección de testigos, lentitud crónica en reformas imprescindibles, decisiones que debilitan la persecución patrimonial, tolerancia a grietas en trazabilidad de recursos, y una cultura de excusas. La infiltración ejecutiva, si ocurre, tampoco se ve como un “anuncio”; se ve como políticas erráticas, rotación constante de jerarcas, debilitamiento de capacidades, conflictos innecesarios con instituciones de control, y un lenguaje que erosiona confianza pública. La infiltración judicial, si ocurriera, suele manifestarse en impunidad selectiva, filtraciones, demoras estratégicas y saturación inducida. Cada uno de estos elementos, por sí solo, puede tener explicaciones legítimas; pero en conjunto pueden formar un patrón. El derecho natural permite hablar de patrones de riesgo sin caer en imputaciones penales que requieren expediente y sentencia.

En este marco, hablar de “riesgo de golpe de Estado” no tiene por qué significar tanques o cierre del congreso. Puede significar algo más peligroso precisamente por su discreción: un proceso en el cual la estructura estatal permanece, pero su finalidad cambia. En vez de servir al bien común, sirve a intereses particulares o a redes que necesitan impunidad. En vez de proteger la vida, administra estadísticas. En vez de sostener la justicia, produce litigios. En vez de fortalecer instituciones, las convierte en escenografías. En ese punto, el pueblo puede seguir votando, pero ya no decide lo esencial; puede seguir teniendo tribunales, pero ya no obtiene justicia; puede seguir teniendo leyes, pero ya no tiene protección. Esa es una versión moderna de ruptura democrática: la democracia como ritual sin sustancia.

El derecho natural también obliga a mirar el papel del pueblo en todo esto. No como una masa abstracta, sino como una comunidad moral con cultura, costumbres y límites compartidos. La estabilidad democrática costarricense no nació solo de textos legales; nació de hábitos cívicos, de una idea difundida de que la fuerza no sustituye la razón, de que la institucionalidad importa, y de que hay líneas que no se cruzan. Si esa cultura se rompe, la Constitución no alcanza. Un país puede tener excelentes normas, pero si su ciudadanía se acostumbra a la corrupción como paisaje, a la inseguridad como rutina y a la degradación institucional como normalidad, entonces el derecho positivo se vuelve frágil: se cumple por miedo o por costumbre, no por convicción. El derecho natural diría que allí empieza la decadencia: cuando el pueblo deja de verse como responsable del bien común y se ve solo como espectador.

La pregunta entonces no es si Costa Rica “ya está” en un golpe de Estado blando idéntico al de otro país. La pregunta seria es si se están consolidando condiciones que hacen posible una degradación profunda del Estado de Derecho. Y en ese análisis, la legalidad es solo una pieza. También importan la moral pública, la ética de gobierno, la coherencia entre decisiones y protección de bienes primarios, la capacidad real de las instituciones, la confianza social, la calidad del debate público y la resistencia a la normalización de lo injusto. Si lo único que nos tranquiliza es que “todo fue legal”, entonces estamos dejando la puerta abierta a la captura institucional, porque el crimen organizado y la corrupción sistémica prosperan precisamente cuando la sociedad se limita a revisar trámites en lugar de evaluar fines.

Esta reflexión no pretende declarar culpables ni absolver a nadie. Pretende poner sobre la mesa un estándar más exigente para medir la salud de la república. El derecho natural exige preguntar siempre para qué existe el Estado y para quién funciona en la práctica. Exige recordar que la ley no es un fetiche, sino un instrumento, y que cuando el instrumento se usa contra el bien común, hay una falla moral aunque no haya delito probado. Exige insistir en que la vida y la dignidad no pueden ser variables dependientes de la coyuntura, y que la seguridad no puede ser solo una promesa, sino una función real. Exige, sobre todo, rechazar la trampa mental de creer que una degradación institucional no es peligrosa mientras conserve los sellos y los formularios. Un país no se pierde únicamente cuando se rompe la ley; también se pierde cuando se rompe el sentido de la ley. Y ese es el punto exacto donde el derecho natural se vuelve relevante para Costa Rica: como recordatorio de que la república no es solo un conjunto de instituciones, sino un compromiso moral de proteger lo esencial.