Subasta de frecuencias expone a Costa Rica a riesgo democrático por capitales ilícitos
La subasta de frecuencias de radio y televisión convocada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) marca un punto de inflexión en la historia de la comunicación costarricense. No se trata únicamente de un concurso técnico para distribuir bandas del espectro; es un proceso cuyas consecuencias podrían modificar de forma irreversible la estructura mediática del país, abrir riesgos para la pluralidad y, en el peor escenario, permitir que capitales de origen ilícito encuentren una vía legítima para insertarse en el corazón del debate público.
Los costos base del concurso han sido ampliamente cuestionados por su desproporcionalidad frente a la realidad económica de las radios regionales, medios comunitarios, proyectos cantonales, emisoras religiosas y culturales. Mientras algunas frecuencias regionales superan los 19 mil dólares, las nacionales pueden acercarse a 400 mil dólares o, en el caso de la televisión abierta, sobrepasar el millón y medio de dólares. Este diseño, basado casi exclusivamente en la capacidad económica, deja por fuera a la mayoría de las voces que sostienen la diversidad informativa del país. Varias emisoras lo han expresado claramente: no pueden participar, no por falta de voluntad, sino porque los montos fueron fijados para un modelo donde solo los grandes conglomerados podrán competir.
El Colegio de Periodistas de Costa Rica advirtió que un proceso así “no es compatible con la democracia”, porque excluye criterios fundamentales como la función social del medio, la pluralidad, la necesidad de voces diversas y el equilibrio regional. Pero más allá de lo gremial, existe un peligro mayor: en un país donde el crimen organizado ha crecido de manera acelerada, donde el lavado de dinero se infiltra en sectores comerciales, inmobiliarios y municipales, y donde grupos criminales buscan espacios de legitimidad social, el acceso al espectro radioeléctrico podría convertirse en un nuevo campo de interés para estas estructuras.
Los hechos recientes sobre criminalidad en Costa Rica son contundentes. En la última década, la cantidad de grupos criminales se multiplicó, pasando de unas cuantas decenas a cientos de organizaciones con capacidad operativa, acceso a recursos, conexiones internacionales y sofisticados mecanismos de blanqueo. Esta expansión ha sido reconocida por organismos de seguridad del Estado y refleja que el control territorial y económico ya no es suficiente para las organizaciones ilícitas: ahora buscan influencia, imagen pública y capacidad de incidir en la narrativa nacional. Un medio de comunicación es, en ese sentido, una herramienta de poder invaluable.
El espectro radioeléctrico, por su naturaleza, es un recurso estratégico. Quien lo controla tiene la capacidad de construir agenda, moldear percepciones, suavizar cuestionamientos o amplificar narrativas convenientes. Cuando un proceso de asignación permite el ingreso de actores sin verificación profunda de origen de fondos, propiedad real, historial empresarial o vínculos con estructuras externas, el riesgo de infiltración criminal se vuelve evidente. Para un grupo con millones de dólares en circulación ilícita, pagar una frecuencia a precio de mercado no representa un obstáculo: es una inversión de bajo costo con un retorno potencial inmenso.
Este riesgo no es hipotético ni exclusivo de Costa Rica. América Latina ofrece ejemplos que muestran cómo la compra de medios de comunicación se ha convertido en una táctica para consolidar poder desde intereses económicos o políticos oscuros. En Venezuela, por ejemplo, la compra de grandes medios como Globovisión, El Universal y la Cadena Capriles estuvo rodeada de cuestionamientos sobre el origen de los fondos y su vinculación con redes de corrupción estatal. La acusación en Estados Unidos contra el empresario Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, por lavado de dinero y sobornos multimillonarios, ilustra cómo capitales ilícitos pueden infiltrarse en estructuras mediáticas para asegurar control informativo y favorecer intereses políticos.
El Salvador registra un caso distinto, pero igualmente revelador: los fondos investigados de la estructura Alba Petróleos, señalada en procesos por lavado de dinero, terminaron relacionados con la expansión y financiamiento del canal TVX. Aunque la relación específica entre el narcotráfico y este caso no ha sido el centro de las investigaciones, lo cierto es que capitales de origen dudoso fueron utilizados para adquirir o sostener un medio televisivo, probando que la industria de la comunicación es atractiva para quienes buscan respetabilidad pública o influencia política.
Brasil ofrece otro precedente inquietante: una investigación fiscal exploró si dinero vinculado al narcotráfico colombiano fue utilizado para financiar la compra o expansión del canal Record, mediante estructuras asociadas a grupos religiosos. Aunque los procesos judiciales han evolucionado con complejidades, el caso mostró que el espectro mediático es un objetivo común para cualquier actor que desee legitimación, poder social y capacidad para modelar opinión.
Y Nicaragua, aunque con un énfasis distinto, evidencia un patrón de captura del espectro mediante compras opacas y concentración política bajo el control del régimen Ortega-Murillo. Si bien no se trata de narcotráfico, el principio es el mismo: el espectro es una herramienta central para el poder, y cuando los procesos no contemplan transparencia y control, termina en manos de quienes mejor lo pueden instrumentalizar.
Estos ejemplos no son anécdotas lejanas. Son advertencias. Cada uno revela un mismo patrón: cuando la asignación de frecuencias se basa únicamente en capacidad económica y prescinde de controles robustos, el espectro se convierte en un botín accesible para capitales oscuros, redes de corrupción o actores que buscan colonizar el espacio público con fines de manipulación o silenciamiento.
Costa Rica sigue siendo una democracia sólida, pero también es un país con instituciones bajo presión, con un crimen organizado en expansión y una ciudadanía cada vez más consciente de la fragilidad del sistema. El diseño actual de la subasta no incorpora garantías suficientes para impedir que quienes disponen de grandes recursos sin escrutinio adquieran frecuencias y, con ellas, una plataforma de influencia. Esto podría debilitar la independencia informativa, distorsionar el debate público, normalizar el discurso criminalizado o silenciar investigaciones periodísticas que resulten incómodas.
El riesgo de captura del espectro no es solo una vulnerabilidad técnica: es una amenaza directa a la libertad de expresión, al control ciudadano del poder y a la salud democrática del país. Si el espectro cae en manos de actores cuyo compromiso no es la transparencia ni el servicio público, sino la protección de intereses ocultos, la consecuencia será un ecosistema mediático menos diverso, menos crítico y más susceptible a la manipulación.
La sociedad costarricense debe mantenerse alerta. El espectro radioeléctrico no es un recurso comercial más: es un bien público esencial, un pilar de la conversación nacional y una pieza clave en la protección de la democracia. La subasta debe ser revisada, discutida y fortalecida con criterios que garanticen no solo eficiencia técnica, sino también protección contra el lavado de dinero, transparencia patrimonial, respeto por la pluralidad y defensa del interés público. Lo contrario sería abrir la puerta a un modelo donde la voz del país y su memoria colectiva pueden ser apropiadas por quienes tengan los bolsillos más profundos, sin importar el origen de sus recursos. Y ese es un riesgo que Costa Rica no puede permitirse ignorar.
