Bonos de campaña ¿la estafa legalizada que somete a los medios y prostituye la democracia?

Opinión: Costa Rica presume de una democracia sólida, pero es incapaz de reconocer que su sistema de financiamiento político es una trampa disfrazada de legalidad, diseñada para beneficiar a los poderosos y castigar a quien no tiene capital. Los llamados “bonos de deuda política” son el ejemplo más claro de esa perversión institucional: una figura legal que, en la práctica, funciona como una estafa encubierta, sin consecuencias penales porque el diseño normativo le da impunidad.

Los partidos utilizan estos bonos para pagar publicidad, producción audiovisual, consultorías, alquileres de espacios y, sobre todo, medios de comunicación. Pero seamos claros:
un bono no es un pago. Es una apuesta.
Y el que pierde no es el partido; es el medio que confió.

El fraude silencioso: los partidos pagan con promesas, no con dinero

Un medio trabaja, factura, produce, invierte horas-persona, electricidad, recursos, personal y equipo. Pero en lugar de recibir dinero recibe un documento que solo tiene valor si el partido gana votos suficientes. Si no, queda en nada. Literalmente: nada.

Preguntémoslo sin hipocresías:

¿Qué nombre tiene en cualquier otra actividad económica entregar un bien o un servicio a cambio de una promesa de pago que nunca llega?
—Apropiación indebida
—Estafa
—Incumplimiento de contrato
En cualquier parte del Código Penal, es delito.
En política, es “financiamiento electoral”.

Si fuera un privado, ya estaría enfrentando una causa por estafa (artículos 216 y 217 del Código Penal).
Pero los partidos gozan del blindaje perfecto: la figura está amparada por la ley electoral, aunque su efecto material es el mismo que un fraude civil.

Un mecanismo deliberadamente desigual

Los bonos no afectan por igual a todos los medios.
No es lo mismo Repretel que un medio independiente de barrio; no es lo mismo Grupo Nación que un canal digital que paga servidores, periodistas y alquiler con el dinero del mes.

Los grandes medios pueden esperar años para cobrarle al Estado.
Los pequeños no pueden esperar ni 30 días.

Eso crea una democracia torcida:

• Los grandes medios pueden financiar a los partidos y luego cobrarle al Estado con intereses.
• Los pequeños quedan fuera del negocio, fuera de la pauta y fuera de la discusión pública.
• Y el partido termina dependiendo —económica y políticamente— de quienes pueden financiarlo.

El resultado:
la libertad de prensa se convierte en una ficción jurídica cuando el financista puede terminar siendo el cliente impago.

Cuando el partido pierde, el medio queda estafado

El artículo 41 de la Constitución garantiza el derecho a la justicia y a la reparación.
Pero con los bonos, el medio queda sin reparación posible:

• No le puede cobrar al Estado porque el partido no ganó los votos requeridos.
• No le puede cobrar al partido porque el contrato está supeditado a la deuda política.
• No puede demandar civilmente porque la ley electoral convierte el riesgo en un “acuerdo voluntario”.
• No puede denunciar penalmente porque la figura está “autorizada”.

Es una zona gris donde la legalidad absorbe la responsabilidad.
Una estafa diseñada para no parecer estafa.

El beneficio privado: negocio para pocos, democracia para nadie

Los bonos se ceden con descuentos brutales.
Un inversionista puede pagar ₡100 millones por un bono que luego el Estado cancelará por ₡130 o ₡150 millones.
Un rendimiento garantizado por la ciudadanía.

Y peor aún:
Cuando un medio acepta bonos, no solo queda expuesto financieramente; queda vinculado eléctricamente al futuro político del partido.
¿Puede ese medio cubrir con independencia la campaña?
¿Puede criticar al candidato que lo dejó colgando con un bono que podría no valer nada?

La respuesta es obvia.
Y por eso este sistema es una agresión directa a la libertad de prensa.

Caso Rodrigo Chaves: la prueba viva de la grieta ética

La polémica con el Partido Progreso Social Democrático demostró que los bonos pueden convertirse en un instrumento para favorecer intereses privados sin romper ninguna ley:

• Bonos con descuentos altos
• Compradores con vínculos políticos
• Proveedores que asumieron riesgos sin garantías
• Dinero privado entrando con opacidad
• Investigaciones abiertas por origen de fondos

Todo legal.
Todo éticamente repugnante.

Conclusión: legal no es igual a justo ni ético

Los bonos de deuda política son la herramienta perfecta para los partidos que quieren obtener trabajo sin pagarlo, influir sin rendir cuentas y convertir el financiamiento público en un negocio privado.

La democracia es incompatible con un modelo que obliga a los medios pequeños a jugar a la ruleta rusa financiera, mientras los grandes capitales convierten la política en un instrumento de inversión.

Por eso hay que decirlo sin rodeos:

Los bonos de campaña son una estafa legalizada.
Un abuso regulado.
Una perversión del financiamiento político.
Perro amarrado contra tigre suelto.

Costa Rica debe decidir si quiere un sistema democrático o un sistema financiero disfrazado de campaña.
Porque ambas cosas, juntas, simplemente no pueden coexistir.

La puerta angosta

Frente a esa realidad, queda un punto personal que no puedo omitir. Participar en este sistema significaría validar un modelo que excluye a los partidos pequeños, precariza a los medios independientes y beneficia únicamente a quienes ya tienen poder económico. Sería aceptar una estructura que normaliza el conflicto de intereses y que permite que la política compre influencia sin pagarla realmente. Sería convertirme en parte de una cadena que estafa a los más débiles y fortalece a los más fuertes. No estoy dispuesto a prestarme para eso. La ética no se mide por lo permitido, sino por lo correcto. Y en este caso, lo correcto es no participar.

Prefiero la puerta angosta. La de la coherencia, aun cuando implique decir no donde muchos dicen sí. La que obliga a rechazar un modelo injusto aunque sea legal. La que exige integridad incluso cuando la ley ofrece excusas. Es fácil justificar la comodidad; es difícil sostener la ética. Pero la democracia no se defiende con conveniencias, sino con convicciones.

Los bonos de deuda política no son solo un instrumento defectuoso: son una agresión a la equidad democrática, una amenaza a la independencia mediática y una invitación abierta al conflicto de intereses. La democracia no puede financiarse a punta de apuestas disfrazadas de contratos ni puede sostenerse sobre la ruina de quienes informan. Costa Rica debe decidir si quiere un sistema electoral justo o un sistema financiero camuflado de campaña. Porque ambas cosas, juntas, no pueden coexistir.

Yo ya elegí. Elijo la puerta angosta. Elijo no ser parte de un mecanismo que considero antiético, inmoral y contrario al espíritu democrático. Legal no es igual a justo. Y la democracia costarricense merece algo mejor que una estafa autorizada por ley.

Por cierto, descargara y analiza los planes de gobierno de todos los partidos políticos en DebateCR.com.

Opinión de Gerardo Ledezma.