Las cifras del OIJ confirman el fracaso de la política de seguridad

Las cifras del Organismo de Investigación Judicial revelan una realidad que las autoridades no pueden seguir maquillando. Costa Rica alcanza ya 519 homicidios en 2025, apenas en agosto, superando incluso el registro del año anterior a esta misma fecha. El peso de la violencia recae sobre los jóvenes: casi 200 víctimas tenían entre 20 y 29 años, y otras 166 estaban en la franja de 30 a 39.

La principal causa sigue siendo la misma de años atrás: ajustes de cuentas y venganzas, con 380 casos. El país observa cómo el crimen organizado impone sus reglas, mientras los planes de seguridad continúan siendo más reactivos que preventivos. Las armas de fuego, utilizadas en 417 homicidios, confirman que el tráfico ilegal de armamento sigue avanzando sin un control real.

Aunque las autoridades se esfuercen en dar la impresión de que la situación está bajo control, los números demuestran lo contrario. Las víctimas colaterales crecieron de 6 a 13, lo que refleja una violencia cada vez más indiscriminada. El problema no se limita a los territorios usualmente golpeados por el crimen, pues San José lidera la lista con 177 homicidios, seguido muy de cerca por Limón y Puntarenas.

El Estado tiene una deuda con los ciudadanos honestos y con los mismos policías que arriesgan la vida. La impunidad, la falta de depuración interna en los cuerpos de seguridad y la ineficiencia en el control de armas se traducen en un terreno fértil para el crecimiento de la violencia.

No basta con contabilizar muertos ni con presentar estadísticas mensuales. Se requiere un cambio estructural, con políticas claras y firmes contra el crimen organizado, que hoy parece marcar la pauta mientras el gobierno permanece en silencio.