Un total de 550 investigadores e investigadoras Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como 100 funcionarios del cuerpo legal del Poder Judicial participaron la mañana de este lunes en 57 allanamientos realizados en diferentes zonas del país donde se detuvo a 22 hombres y 6 mujeres, quienes figuran como sospechosos de delitos como Cohecho, Peculado, Pagos Irregulares de contratos administrativos, Malversación de Fondos, Asociación Ilícita y Tráfico de influencias, entre otros.
De acuerdo con el informe preliminar, dentro de los detenidos se encuentran tanto funcionarios públicos, así como funcionarios de empresas privadas las cuales en apariencia prestan servicios a entidades públicas en lo que respecta a obra pública, mantenimiento y construcción de la red vial del país. Aparentemente, los funcionarios públicos hoy detenidos en apariencia ejecutaban labores las cuales favorecían a las empresas privadas antes mencionadas en los procesos de licitación en cuanto al tema de mantenimiento y construcción de la red vial del país.
Presuntamente, durante el proceso de investigación que se inició en el año 2019 por parte de los y las agentes de la Sección de Anticorrupción en conjunto con el Ministerio Público, se obtuvo información que indicaba que al parecer los funcionarios públicos hoy detenidos a cambio de dichos favorecimientos supuestamente habrían recibido dinero, vehículos, propiedades e incluso hasta viajes.
A partir de las 7:00 de esta mañana, se ejecutaron los 57 allanamientos en empresas como MECO, HSOLÍS, ITP, CASISA, Constructora Herrera en San Carlos, Constructora Montedes en Orotina y Alsofrutales en Heredia. Además, se allanaron las oficinas del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y casas de habitación ubicadas en Cartago, Escazú, Santa Ana, Desamparados, Coronado, Alajuela, Heredia y Sabanilla. En estos lugares se detuvo a los sospechosos y se ha decomisado equipo electrónico, dispositivos de almacenamiento electrónico y documentación varia importante para la investigación.
Finalmente, los detenidos quedarán con un informe a las órdenes del Ministerio Público, para que se les determine su situación jurídica.
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